Corte Constitucional blinda los murales sobre víctimas y memoria histórica en Colombia

En una decisión de profundo calado institucional y con directas implicaciones territoriales, la Corte Constitucional de Colombia emitió un pronunciamiento que fortalece, ampara y protege las expresiones artísticas urbanas vinculadas con la memoria histórica, la dignidad y la reparación simbólica de los afectados por el conflicto armado interno. La sentencia del alto tribunal no solo resuelve una sonada disputa jurídica en Manizales y ordena medidas correctivas en Medellín, sino que sienta un precedente jurisprudencial vinculante de estricto cumplimiento para ciudades como Bucaramanga, donde las intervenciones muralistas en el espacio público han sido objeto de reiteradas tensiones, censuras y episodios de erradicación por parte de autoridades locales y sectores ciudadanos.

La histórica determinación fue adoptada por la Sala Tercera de Revisión tras la evacuación y análisis de dos acciones de tutela incoadas en torno al icónico mural titulado «Las cuchas tienen razón», grabado en las calles de la capital de Caldas en homenaje explícito a las madres y mujeres buscadoras de personas dadas por desaparecidas. Los magistrados concluyeron de manera categórica que el grafiti, el muralismo, el teatro, la música y otras corrientes de arte urbano dedicadas a la memoria no constituyen infracciones al espacio público ni actos vandálicos, sino que se erigen como manifestaciones legítimas del derecho fundamental a la libertad de expresión, la reconstrucción de la verdad histórica y la reparación simbólica de las víctimas. En consecuencia, la Corte ordenó el diseño de protocolos de seguridad e instructivos de preservación para impedir que estas obras sean borradas, alteradas, cubiertas o saboteadas.

Este amparo constitucional cobra un eco inmediato y vital en Bucaramanga. Durante los últimos meses, colectivos ciudadanos, agrupaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas han plasmado murales de gran formato en sectores estratégicos de la capital santandereana —destacándose el nodo vial de la Puerta del Sol— para homenajear a los desaparecidos y líderes asesinados en el departamento. Sin embargo, estas piezas artísticas sufrieron intervenciones hostiles, siendo borradas y pintadas de gris en repetidas ocasiones tanto por cuadrillas de la Alcaldía de Bucaramanga como por grupos de particulares contrarios a su mensaje. Con el nuevo marco fijado por los magistrados, las obras de la Puerta del Sol y de otros puntos de la capital de Santander quedan blindadas bajo el manto de la protección constitucional, impidiendo a las administraciones locales apelar al uso de la fuerza pública o a decretos de espacio público para retirarlas.

En el desarrollo de sus consideraciones, el alto tribunal enfatizó que la consigna «Las cuchas tienen razón» enaltece el papel crucial de las madres en la búsqueda de la verdad y la justicia, resaltando que la Ley 2364 de 2024 las revistió de una protección especial del Estado. Además, la Sala envió un contundente mensaje frente a la estigmatización de estas obras al sancionar al concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, promotor de acciones para tapar el mural en la capital antioqueña. Rodríguez fue obligado a publicar una disculpa pública en sus redes sociales reconociendo la validez del arte de memoria y se le prohibió tajantemente volver a incitar, financiar o ejecutar la destrucción de murales de víctimas.

Finalmente, el fallo dictaminó que la Alcaldía de Manizales y la Policía Metropolitana deberán aplicar un protocolo de resguardo por seis meses para evitar vandalismos en su jurisdicción, al tiempo que encomendó a la Defensoría del Pueblo y a la Personería el desarrollo de pedagogía ciudadana. La Corte Constitucional cerró su sentencia con un firme llamado a todos los servidores públicos y mandatarios de elección popular del país —incluidos los de Bucaramanga y el área metropolitana— para que, lejos de censurar, promuevan, cuiden y garanticen estas expresiones como pilares innegociables de los procesos de reparación integral y no repetición en Colombia.