La primera ronda de negociaciones del salario mínimo para 2026 dejó en evidencia una brecha profunda entre las propuestas de los empresarios y las centrales obreras. Mientras los gremios plantearon un incremento del 7,21%, basado en inflación y productividad, los sindicatos sorprendieron al elevar su solicitud hasta el 16%, duplicando lo inicialmente anunciado. El Gobierno ahora deberá buscar puntos de encuentro en medio de un panorama técnico y político cada vez más complejo.
El inicio de las discusiones para definir el salario mínimo del próximo año mostró desde temprano el abismo entre las posiciones de los sectores convocados. Aunque las centrales obreras habían insinuado que solicitarían un aumento cercano al 11%, finalmente presentaron una propuesta del 16%, cifra que supera ampliamente las expectativas iniciales y que, según afirman, responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida.
En la otra orilla, los gremios empresariales —representados por la ANDI, SAC, Asobancaria y Acopi— propusieron un incremento del 7,21%, sustentado en las mediciones recientes del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en los niveles de productividad reportados por el Dane. Para los empresarios, la decisión debe considerar la reducción en el número de trabajadores que devengan el salario mínimo y el aumento sostenido de la informalidad laboral, factores que, insisten, exigen prudencia.
La discusión sumó un ingrediente adicional con la posición de Fenalco, gremio que se retiró de la mesa al señalar que el Gobierno ya tendría una decisión tomada. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, insistió en que el incremento debería limitarse al 6,21%, argumentando que ese porcentaje sería el técnicamente adecuado para mantener el poder adquisitivo sin poner en riesgo el empleo.
El ministro de Trabajo informó que la mesa se reunirá nuevamente este jueves para analizar escenarios que permitan acercar las dos posturas, aunque reconoció que el punto de partida es más distante que en años anteriores.
¿Cómo quedarían las cifras con cada propuesta?
Con el salario mínimo vigente fijado en $1.524.500, la propuesta sindical llevaría el ingreso mensual a $1.651.260, es decir, un aumento de alrededor de $227.769.
La postura empresarial, en cambio, elevaría el mínimo a $1.627.134, con un incremento aproximado de $102.634. La brecha entre ambas posturas asciende a más de $125.000.
El auxilio de transporte, que hoy es de $200.000, también sería objeto de reajuste. Las centrales plantean que suba a $232.000, mientras que los empresarios lo ubican cerca de $214.000.
El antecedente inmediato tampoco favorece un escenario optimista: para 2025 no hubo acuerdo y el Gobierno tuvo que decretar un aumento del 9,5%. Desde el año 2000, solo en nueve ocasiones se ha logrado una concertación.
Con posiciones tan dispares, el desenlace de la negociación de este año vuelve a quedar en manos de la capacidad de diálogo… o de la decisión final del Ejecutivo.
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