País - Octubre 11 de 2022 - 10:55 AM

¿Brujería en debate de Escazú con Frailejón Ernesto Pérez?

Una polémica se dio anoche en el Congreso, en el debate en que fue ratificado el Acuerdo de Escazú, pues algunos Representantes señalaron que una mujer hacía brujería con una vela y un muñeco. Ella respondió que estaba tejiendo mientras veía el debate.

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Una mujer en las barras del Congreso generó polémica en el debate de ratificación para el Acuerdo de Escazú, que da pautas de protección para los entornos ambientales y fue aprobado con 120 votos a favor, pues para algunos Representantes ella estaba haciendo brujería durante el proceso.

Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, publicó la situación con un corto video en sus redes sociales, mostrando una veladora, recipientes, mochilas, un tejido, elementos artesanales, botellas de agua y un muñeco del Frailejón Ernesto Pérez, y diciendo: “¡Esto es el colmo! Con brujería quieren aprobar proyecto en el Congreso de la República. ¿Hasta dónde son capaces de llegar?”.

A su queja se unió el parlamentario de la Circunscripción Afro, Miguel Polo Polo, a través de su Twitter, escribiendo: "En debate del acuerdo de Escazú, miembros de las barras haciendo rituales de brujería en pleno congreso ¡Es una falta de respeto con!"; además pidió respuestas del presidente de la Cámara, David Racero.


Por su parte Racero, miembro del partido del Gobierno Nacional, pidió a la Policía verificar lo que ocurría en el tercer piso y al tener más información respondió en sus redes:

"No sabía que se podía hacer brujería con nuestro querido frailejón Ernesto Pérez. Y para colmo se retiran de la sesión. Invito a Centro Democrático y a Cambio Radical a dar debates con altura; puede costar un poco pero se puede hacer una buena oposición".


Además, el columnista de la revista Cambio, Alejandro Villanueva, publicó un video donde entrevistaba a la mujer señalada de brujería, quien aseguró que solo estaba viendo el debate desde las barras, mientras tejía – como una actividad de “conservación de las tradiciones ancestrales” – y que tenía “una vela para las buenas energías”.

Así las cosas, mientras algunos señalaron esta denuncia de brujería como una acción “bochornosa” de la oposición para “frenar” el Acuerdo de Escazú, “una ley que protege a los líderes ambientales, a la población rural y los ecosistemas primarios”; otros consideraron una falta de respeto que se tuvieran estos elementos dentro del Congreso.


Aprobaron el Tratado

Con todo y polémica, el Acuerdo de Escazú fue aprobado, algo que celebró en sus redes sociales el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y a las y los ambientalistas”, publicó en Twitter el mandatario a la vez que felicitó al Congreso y a la sociedad colombiana por esto.

Ahora la iniciativa pasará a conciliación de la Cámara y el Senado para su posterior sanción presidencial, y así convertirse en Ley de la República.

El Gobierno Nacional detalló que “el Acuerdo de Escazú fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental, como también la participación ciudadana en la toma de decisiones del sector (…) es un instrumento que presta asistencia y protección eficaces a las personas que contribuyen a combatir de manera pacífica los delitos que afectan al medio ambiente”.

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 y es el primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente, y el primero del mundo que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

  1. La Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que una vez sea sancionado por el Jefe de Estado este Acuerdo, “se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo”:
  2. Política de manejo de información ambiental.
  3. Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.
  4. Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
  5. Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
  6. Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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