El Centro Democrático respondió a las críticas de José Félix Lafaurie sobre la elección de Paloma Valencia, defendió la transparencia del proceso y confirmó la aceptación de su renuncia, en medio de tensiones internas dentro del partido.
La Dirección Nacional del Centro Democrático respondió este martes 27 de enero a la carta enviada por José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en la que cuestionó la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del partido. En un comunicado oficial, la colectividad defendió la legalidad y transparencia del proceso interno, confirmó la aceptación de la renuncia de Lafaurie y llamó a la unidad partidista en medio de una creciente tensión política que reaviva el debate sobre el futuro de la oposición y la cohesión interna del uribismo.
La controversia al interior del Centro Democrático volvió a intensificarse tras el pronunciamiento oficial de la Dirección Nacional, que salió al paso de los señalamientos hechos por José Félix Lafaurie sobre la forma en que se definió la candidatura presidencial de Paloma Valencia. El partido aseguró que el procedimiento se ajustó plenamente a los estatutos y que no existieron irregularidades en la toma de decisiones.
En el documento, la colectividad sostuvo que la escogencia de su aspirante presidencial se llevó a cabo bajo parámetros previamente definidos, con conocimiento y aval de las precandidatas. Según el partido, el proceso fue legítimo, riguroso y transparente, y contó con todas las garantías internas necesarias para su validez.
La Dirección Nacional rechazó de manera directa las dudas planteadas por Lafaurie y defendió el trabajo adelantado por las directivas que lideraron el proceso. En ese sentido, ratificó su respaldo al director general Gabriel Jaime Vallejo y a la secretaria general Laura Vaca, a quienes señaló como garantes del cumplimiento de las normas internas.
En el mismo pronunciamiento, el Centro Democrático confirmó que aceptó la renuncia de José Félix Lafaurie. La colectividad agradeció su trayectoria y los aportes realizados durante los años en los que formó parte del partido, sin profundizar en las razones políticas de su salida ni en las implicaciones que esta pueda tener a futuro.
El comunicado, sin embargo, no abordó el escenario político de la senadora María Fernanda Cabal ni se refirió a una eventual fractura interna, posibilidad que había sido mencionada en la carta enviada por Lafaurie. Este silencio dejó abiertas las especulaciones sobre el rumbo que podría tomar uno de los sectores críticos dentro del partido.
Ante el ambiente de tensión, el Centro Democrático hizo un llamado a la cohesión y a la disciplina interna. La colectividad reiteró su postura de oposición al Gobierno nacional y aseguró que la unidad es clave para fortalecer su proyecto político y enfrentar lo que calificó como un riesgo para el país.
La polémica se originó a partir de una misiva firmada por Lafaurie y la senadora Cabal, en la que manifestaron serias dudas sobre la transparencia del proceso de selección de la candidata presidencial. En el documento, cuestionaron la ausencia de comités de garantías, reglas claras, mecanismos de impugnación y trazabilidad del procedimiento.
Asimismo, los firmantes señalaron que el proceso debió ser informado y registrado ante el Consejo Nacional Electoral, con el fin de blindar jurídicamente los resultados y evitar futuros cuestionamientos. Para ellos, estas omisiones constituirían una vulneración al debido proceso partidista.
Frente a estos señalamientos, Paloma Valencia aseguró previamente que la elección se realizó con auditorías externas y sin interferencias, y afirmó que los resultados coincidieron con mediciones internas y encuestas independientes. Según indicó, el proceso cumplió con los estándares necesarios para garantizar su legitimidad.
La carta también advirtió que las presuntas fallas no serían simples errores administrativos, sino irregularidades de fondo que comprometerían la responsabilidad de las directivas nacionales. Incluso, se mencionó una supuesta omisión en la verificación jurídica de las firmas encuestadoras, lo que, a juicio de los firmantes, habría vulnerado principios legales, estatutarios y constitucionales.
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