¿Cómo lo afectará el decreto de la Emergencia Económica, radicado por el Gobierno Nacional?

El decreto de emergencia económica ya es un hecho. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una rueda de prensa en la que informó que el documento fue firmado por todos los ministros el pasado jueves y posteriormente radicado, lo que habilita al Gobierno para expedir decretos legislativos con efectos inmediatos.

Según Benedetti, la medida tiene como objetivo principal cerrar el hueco fiscal que dejó el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. El jefe de la cartera política insistió en que los nuevos gravámenes no están dirigidos a la clase media, sino a los sectores de mayores ingresos del país. “Es para ponerles impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición y algunos empresarios, que aseguran que se afectará a la clase media”, afirmó.

El decreto busca recaudar 16,3 billones de pesos que el Congreso negó al archivar la reforma tributaria. Ese monto corresponde al faltante con el que quedó desfinanciado el presupuesto general de la Nación para 2026, aprobado por un total de 546 billones de pesos, y que ahora el Ejecutivo pretende equilibrar mediante la declaratoria de emergencia.

Con esta figura constitucional, el Gobierno podrá expedir decretos para recaudar, en esencia, los mismos tributos que estaban contemplados en la fallida Ley de Financiamiento. Una de las medidas que más controversia ha generado es el aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1000, que pasaría a ser de 5x1000, impactando directamente a los usuarios del sistema bancario.

Otra de las disposiciones previstas es la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a los juegos de azar y a las apuestas en línea, un sector que venía siendo objeto de debate en el Congreso y que ahora quedaría gravado vía decreto legislativo.

Adicionalmente, se contempla la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT al 1 de enero de 2026. Las tarifas serían progresivas y oscilarían entre el 0,5 % y el 5 %, dependiendo del valor patrimonial de cada contribuyente.

El anuncio provocó una reacción inmediata de los gremios económicos. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, calificó la declaratoria como “profundamente inconstitucional” y aseguró que desconoce la decisión tomada por el Congreso, lo que, a su juicio, vulnera el equilibrio democrático y la separación de poderes.

Por su parte, Fenalco envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en la que advirtió sobre la posibilidad de que la emergencia sea decretada durante el periodo de vacancia judicial. El gremio alertó sobre los efectos inmediatos de los decretos de excepción y el riesgo de que se consoliden situaciones jurídicas difíciles de revertir posteriormente.

Mientras el Gobierno defiende la emergencia como una herramienta necesaria para garantizar la estabilidad fiscal, el sector empresarial anticipa una batalla jurídica ante la Corte Constitucional. El debate ahora se traslada al escenario legal, donde se definirá si la medida se ajusta o no a la Carta Política y cuáles serán, en la práctica, sus efectos sobre el bolsillo de los colombianos.