¿Contratos para votos? Señalan maniobra del Gobierno antes de elecciones

A pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, el concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció que el Gobierno del presidente Gustavo Petro habría acelerado la contratación estatal mediante decenas de miles de órdenes de prestación de servicios, una maniobra que, según afirmó, habría comprometido billonarios recursos públicos y encendido alertas por un presunto uso político de la nómina nacional en la antesala del proceso electoral de 2026.

La denuncia fue expuesta públicamente por el cabildante capitalino, quien aseguró que durante el mes previo a la aplicación de la Ley 996 de 2005 se firmaron más de 101.400 contratos de prestación de servicios en entidades del orden nacional. De acuerdo con sus cálculos, el valor total de estos contratos ascendería a cerca de seis billones de pesos, una cifra que calificó como sin precedentes en la administración pública colombiana.

En entrevista con el periodista Néstor Morales, en Mañanas Blu, Briceño explicó que su análisis se basa en información del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y en bases de datos oficiales del Gobierno. Según sostuvo, el volumen de contratación registrado representa un incremento del 74 % frente al último periodo comparable bajo la Ley de Garantías durante el gobierno de Iván Duque.

El concejal afirmó que, mientras en el anterior gobierno se habrían suscrito contratos por alrededor de 32 billones de pesos en un periodo similar, la actual administración ya habría comprometido cerca de 61 billones. A su juicio, este crecimiento no responde a una necesidad estructural del Estado, sino a una estrategia para ampliar lo que denominó una “nómina paralela”.

Las declaraciones se conocieron justo cuando comenzó a regir la Ley de Garantías, que limita de manera estricta la contratación directa y la celebración de nuevos contratos con entidades públicas durante los cuatro meses previos a elecciones. Para Briceño, la concentración de contratos en ese lapso previo no es casual y tendría como propósito asegurar respaldos políticos de cara a los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

El cabildante sostuvo que el uso intensivo de contratos por prestación de servicios permitiría ampliar la base de personas vinculadas al Estado sin los controles propios de la carrera administrativa. En su concepto, esta práctica debilita la transparencia y abre la puerta a un aprovechamiento electoral de los recursos públicos.

Entre las entidades que, según Briceño, registraron incrementos significativos en su planta de contratistas se encuentran Colpensiones, los ministerios del Trabajo y del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de la Igualdad. En estos organismos, afirmó, se habrían creado miles de vinculaciones temporales en un corto periodo de tiempo.

Uno de los casos que destacó fue el de la Agencia Nacional de Tierras, donde, según sus cifras, el número de personas contratadas habría pasado de cerca de 1.400 a casi 7.000. Briceño aseguró que este aumento estaría asociado a intereses políticos regionales y a la intención de fortalecer estructuras afines al Pacto Histórico en departamentos clave.

El concejal también cuestionó decisiones en el ámbito diplomático, como el nombramiento del exministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, en el consulado de Colombia en Bruselas. A su juicio, este tipo de designaciones refuerzan la percepción de un uso discrecional del poder y desdibujan los principios de la carrera diplomática.

En su denuncia, Briceño mencionó además la supuesta vinculación de familiares de congresistas cercanos al Gobierno mediante contratos firmados días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Como ejemplo, citó el caso del hijo del senador Ahmed Scaf, quien —según afirmó— habría suscrito dos contratos con entidades distintas pese a su reciente graduación profesional.

El concejal calificó como contradictoria la estrategia de contratación del Ejecutivo, teniendo en cuenta que el Gobierno impulsa una reforma laboral orientada a reducir o eliminar el uso de órdenes de prestación de servicios por considerarlas una forma de precarización. En su opinión, la práctica actual va en contravía del discurso oficial de formalización del empleo público.

Aunque reconoció que algunos perfiles técnicos o especializados pueden ser necesarios, Briceño puso en duda la justificación de ciertos contratos, como los de comunicadores digitales vinculados a RTVC, en un contexto que el propio Gobierno ha descrito como de estrechez fiscal.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta formal frente a estas denuncias. En pronunciamientos previos, el presidente Gustavo Petro ha defendido el aumento de la contratación estatal como parte de un proceso de formalización laboral, argumento que ahora vuelve al centro del debate político y jurídico.