Defensa de Lucho Herrera asegura que es víctima y no victimario

Luego del llamado a indagatoria contra el exciclista colombiano Luis “Lucho” Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó dicha diligencia judicial ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de ejercer de manera plena el derecho a la defensa, en un proceso que se adelanta por la presunta desaparición forzada de cuatro personas en octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, y que también involucra a Rafael Herrera, hermano del exdeportista.

El pronunciamiento del abogado se produjo tras la citación formal emitida por la Fiscalía, que generó amplio impacto mediático debido al reconocimiento público del exciclista. Según explicó Benavides, la solicitud de indagatoria no debe interpretarse como una señal de culpabilidad, sino como una herramienta jurídica que permite al investigado conocer los señalamientos y ejercer su defensa dentro del marco legal.

El jurista aclaró que la investigación se encuentra amparada por la reserva del sumario, lo que limita la divulgación de detalles específicos del expediente. No obstante, indicó que la decisión de acudir voluntariamente a la diligencia responde a la necesidad de enfrentar versiones públicas que, a su juicio, no reflejan con precisión el estado real del proceso judicial.

De acuerdo con la defensa, la vinculación de Lucho Herrera tiene como sustento una sentencia anticipada otorgada a exintegrantes de grupos paramilitares, quienes obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones. Benavides cuestionó la credibilidad de estos señalamientos y afirmó que, según las propias declaraciones rendidas ante los jueces, algunos de los testigos no se encontraban siquiera en el municipio donde habrían ocurrido los hechos.

El abogado sostuvo que la postura adoptada por la Fiscalía no genera preocupación en la defensa, al tratarse apenas del inicio formal del proceso. En ese sentido, rechazó versiones que anticipan un escenario de condena sin que se haya surtido el debido proceso, recordando que su cliente goza plenamente de la presunción de inocencia.

Benavides fue enfático en señalar que Lucho Herrera niega cualquier vínculo con los hechos investigados y aseguró que, lejos de ser responsable, habría sido víctima del contexto de violencia que marcó la región del Sumapaz durante los años más crudos del conflicto armado. Según la defensa, el exciclista no tuvo relación alguna con estructuras armadas ilegales.

Dentro de su explicación, el abogado planteó una hipótesis según la cual Herrera habría sido objeto de intentos de extorsión previos a la apertura formal de la investigación. Aseguró que personas desconocidas le habrían exigido dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes, y que, tras negarse a pagar, se le habría advertido que sería involucrado en procesos judiciales.

El caso, que se reabre más de dos décadas después de los hechos, gira en torno a la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá. Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios indicarían que Lucho Herrera y su hermano habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para sacar a las víctimas de sus predios.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. El ente acusador sostiene que los exparamilitares involucrados señalaron que las víctimas habrían sido acusadas de colaborar con las Farc, versión que ahora será objeto de análisis judicial en el marco del proceso.