ELN asegura que Silvana Guerrero sigue viva tras bombardeo en Venezuela que dejó 23 guerrilleros abatidos
ELN negó la muerte de alias Silvana Guerrero en el bombardeo en Venezuela y afirmó que la comandante permanece en el Catatumbo. El grupo guerrillero acusó a la FAC y a tropas de EE. UU. de matar a civiles venezolanos, mientras informes señalan que la operación contó con drones estadounidenses para golpear rutas de narcotráfico y coltán.
Una controversia operacional y diplomática de gran escala se desencadenó tras la revelación de nuevos detalles sobre el bombardeo ejecutado en límites entre el estado venezolano de Apure y el departamento colombiano del Vichada. Mientras reportes iniciales atribuyeron la incursión a un ataque contra un asentamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habría dejado entre 19 y 23 muertos, la difusión de un pronunciamiento oficial por parte del mando insurgente introdujo serios cuestionamientos a los balances militares presentados tras la acción bélica.
A través de un comunicado divulgado en su revista Insurrección y en la plataforma ELN Voces, el Estado Mayor Nacional de la organización alzada en armas desmintió de manera categórica que su comandante del Frente de Guerra Nororiental, Luz Amanda Pallares, conocida en la clandestinidad como alias Silvana Guerrero, hubiese resultado abatida en la operación militar.
La cúpula guerrillera aseguró que la jefe insurgente permanece con vida en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde cumple misiones operativas en condiciones de salud y seguridad. Asimismo, el grupo acusó formalmente a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de incursionar en espacio aéreo del país vecino para bombardear la zona de Apure y provocar la muerte de pobladores civiles venezolanos, calificando el reporte oficial como un falso positivo del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en el marco de sus primeros 100 días de mandato, al tiempo que rechazó la participación militar de unidades estadounidenses.
No obstante, el expediente sobre el operativo contiene versiones contrapuestas recopiladas por organismos de derechos humanos e informes de inteligencia hemisférica. De acuerdo con balances de la organización venezolana Fundaredes, el número inicial de 23 fallecidos —entre los que figurarían combatientes e integrantes de sus núcleos familiares— podría elevarse a cerca de 45 personas según estimaciones posteriores de fuentes militares.
Informes periodísticos internacionales y de inteligencia revelaron que la incursión aérea coincidió con la llegada al campamento de un alto mando insurgente y de un grupo de 16 jóvenes recientemente reclutados. La operación buscaba impactar corredores estratégicos de narcotráfico y minería ilegal, luego de que tareas de contrainteligencia detectaran reuniones previas entre delegados del Comando Central del ELN y enlaces del cartel de Sinaloa para coordinar el tráfico de cargamentos de cocaína, estaño y coltán.
El trasfondo operacional confirmó además una estrecha articulación militar y tecnológica entre Bogotá y Washington. Cuatro altos funcionarios de la administración de Donald Trump confirmaron al diario The New York Times que Estados Unidos suministró soporte de inteligencia y desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para ubicar la posición exacta del campamento guerrillero. Fuentes de inteligencia locales precisaron que organismos colombianos aportaron datos de geolocalización al Comando Sur de los Estados Unidos, estructura encargada de la planificación estratégica en la región. Hasta el momento, ni la Casa de Nariño, ni los mandos militares de Venezuela, ni las dependencias de defensa estadounidenses han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias presentadas por la insurgencia.
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