En vísperas de elecciones, Petro ordena frenar ofensiva militar contra CNEB de las disidencias

El Gobierno Nacional ordenó la suspensión temporal de todas las acciones militares y policiales en contra de la organización armada ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La medida administrativa tiene como propósito exclusivo garantizar el desplazamiento seguro de los integrantes de este grupo hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) que se estableció en el departamento del Putumayo como parte de los acercamientos de paz.

La disposición quedó en firme mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026, el cual cuenta con la rúbrica del presidente de la República, Gustavo Petro. La CNEB opera en el país como una disidencia de la organización Segunda Marquetalia —dirigida por Luciano Marín, alias Iván Márquez—, luego de consolidar una ruptura interna en noviembre de 2024 que llevó al Ejecutivo a mantener mesas de diálogo independientes con este sector, cuyo jefe negociador es José Vicente Lesmes, conocido como Wálter Mendoza.

Geográficamente, la estructura delincuencial se divide en dos grandes componentes: la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con injerencia en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca; y la facción Comandos de Frontera, que concentra su accionar en Putumayo, Caquetá y Amazonas. Los términos del decreto estipulan que el movimiento logístico cobija inicialmente a los combatientes de los Comandos de Frontera, iniciando el proceso de movilización el pasado domingo 14 de junio con fecha límite de llegada a la medianoche del próximo viernes 19 de junio.

De acuerdo con las precisiones técnicas entregadas semanas atrás por Armando Novoa, jefe de la delegación de paz de la Casa de Nariño, la ZUT quedó delimitada en el área rural del municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo. A este punto acudirá en una primera fase un contingente compuesto por 100 combatientes, de un pie de fuerza total estimado en 1.800 integrantes que componen la estructura criminal en la región de la Amazonía colombiana. Con el fin de salvaguardar la vida de los participantes, el Ministerio de Defensa determinó mantener bajo estricta reserva confidencial las rutas exactas de tránsito y los puntos de coordenadas de los campamentos temporales, mientras se instala un Puesto de Mando Unificado (PMU) bajo la tutela de la Gobernación de Putumayo.

Condiciones del traslado y vigencia institucional de la ZUT

Las directrices del orden nacional establecen diferencias sustanciales frente a procesos anteriores, aclarando que en las veredas del Valle del Guamuez no se aplicará un despeje militar o retiro de las guarniciones de la Fuerza Pública como ocurrió en la antigua zona de distensión de El Caguán. Los subversivos concentrados tendrán prohibido portar prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares o armamento de cualquier calibre, y se determinó que el beneficio no ampara a personas solicitadas en extradición, lo que excluye formalmente del proceso al máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, Geovany Andrés Rojas, conocido bajo el alias de Araña.

La vigencia jurídica de este espacio territorial se fijó por un lapso inicial de 10 meses. El decreto estipula que cualquier prórroga o continuidad del mecanismo de concentración quedará supeditado a la evaluación de resultados que realice el próximo gobierno que asuma el poder ejecutivo del país, el cual examinará el cumplimiento de los compromisos de seguridad.

Reparos institucionales y pronunciamiento de Abelardo de la Espriella

La parálisis de las operaciones contra esta disidencia generó un rechazo inmediato en diversas instancias políticas y territoriales, las cuales cuestionaron la pertinencia y la oportunidad de aplicar este tipo de beneficios judiciales en medio del actual debate de las elecciones presidenciales. La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) manifestó públicamente sus reservas frente a la medida a través de sus canales corporativos en la red social X, señalando que las capitales reciben el impacto directo de flagelos como la extorsión, el reclutamiento forzado y el narcotráfico, por lo cual urgieron al diseño de mecanismos reales de verificación y a una articulación obligatoria con los alcaldes locales.

A las críticas se sumó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó la expedición del decreto como un hecho de extrema gravedad para el orden público debido a la cercanía de la jornada electoral definitiva en las urnas. El abogado cordobés criticó que desde la Presidencia se ordene un cese de operaciones en favor de estructuras vinculadas a delitos transnacionales y la criminalidad organizada.

En su declaración, De la Espriella catalogó la medida como una renuncia del Estado a su deber constitucional de perseguir el delito y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de las regiones afectadas. El aspirante presidencial aprovechó la coyuntura para convocar a su base de simpatizantes, denominados en su campaña como los tigres y tigresas de la patria, instándolos a participar de forma masiva en la jornada de votación del próximo domingo 21 de junio de 2026 con el propósito de respaldar el modelo institucional frente a las determinaciones del actual Gobierno Nacional.