Durante el 2025 Colombia vivió su peor crisis humanitaria en más de 10 años

Carmen García ha pasado toda su vida en el Catatumbo y asegura que nada se compara con lo que presenció a comienzos de 2025. La violencia que se desató en su territorio marcó un punto de quiebre para comunidades que, pese a décadas de conflicto, no habían experimentado una ofensiva de tal magnitud. Su testimonio es apenas una muestra del drama humano que se vivió en esta región estratégica, golpeada históricamente por la presencia de actores armados ilegales.

La mañana del 19 de enero de 2025, don Ernesto, otro residente de la zona, percibió que algo inusual estaba ocurriendo cuando observó el constante tránsito de motocicletas y hombres armados. Desde su casa logró ver uniformes camuflados y armas largas. En un territorio acostumbrado a la guerra, pensó que se trataba de un enfrentamiento más, pero estaba equivocado. Aquella jornada terminó convirtiéndose en el episodio que lo obligó a abandonar su hogar por primera vez en más de treinta años.

Ese día, el Ejército de Liberación Nacional emprendió una ofensiva para expulsar a las disidencias de las Farc que dominaban amplias zonas del Catatumbo. Los combates se extendieron durante horas y dejaron un número indeterminado de combatientes muertos, además de una crisis humanitaria sin precedentes recientes. Más de 60.000 personas se vieron forzadas a desplazarse y decenas de civiles resultaron afectados por una confrontación que transformó pueblos enteros en escenarios de guerra.

Las consecuencias de la violencia se sintieron dentro y fuera del país. Amplias extensiones del Catatumbo quedaron prácticamente deshabitadas tras los enfrentamientos entre los grupos armados. Infraestructuras civiles como viviendas, escuelas, centros de salud y estaciones de policía fueron ocupadas o destruidas, mientras la población quedó atrapada en medio del fuego cruzado, sin garantías ni protección efectiva.

Estos hechos fueron analizados en el informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que concluyó que Colombia atravesó durante ese año una de las crisis humanitarias más severas de la última década. La organización señaló que los abusos cometidos por distintos actores armados profundizaron la vulnerabilidad de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes en varias regiones del país, más allá del Catatumbo.

El documento advierte que la persistencia de la violencia está estrechamente ligada a la débil presencia estatal, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza. Factores estructurales que, lejos de superarse tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, continuaron agravándose en zonas históricamente afectadas como Cauca, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Chocó y Antioquia.

A casi diez años de la desmovilización de las Farc, el conflicto armado no solo no desapareció, sino que se transformó. Nuevas estructuras armadas y disidencias ampliaron su control territorial, disputándose rutas estratégicas y economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y la explotación indiscriminada de recursos naturales.

La llegada del gobierno de Gustavo Petro y su apuesta por la política de “paz total” generó expectativas de una reducción de la violencia. Sin embargo, según Human Rights Watch, el balance de 2025 fue negativo. Los eventos armados aumentaron, al igual que el fortalecimiento de grupos criminales, lo que se tradujo en mayores riesgos para la población civil.

El informe identifica la operación simultánea de múltiples organizaciones armadas, entre ellas el ELN, varias disidencias de las antiguas Farc como el Estado Mayor Central, el Estado Mayor de Bloques y Frentes y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, además del Clan del Golfo. Estas estructuras, señala la organización, continúan recurriendo a prácticas de extrema violencia para imponer su control sobre comunidades enteras.

Las cifras humanitarias reflejan la gravedad del panorama. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que más de 137.000 personas permanecieron confinadas entre enero y agosto de 2025 debido a amenazas y enfrentamientos armados, un aumento significativo frente al año anterior. A ello se suma el incremento del reclutamiento forzado de menores, que mostró un repunte alarmante según registros oficiales y de organismos internacionales.

Otro factor de preocupación es el uso intensivo de explosivos. Durante los primeros ocho meses de 2025, más de 500 civiles resultaron heridos o murieron por artefactos explosivos, mientras que los ataques con drones cargados con explosivos se incrementaron de forma exponencial, evidenciando una escalada en las tácticas de guerra utilizadas por los grupos armados.

Human Rights Watch concluye que el Estado no ha logrado garantizar una protección efectiva para la población civil ni avanzar con la suficiente rapidez en el desmantelamiento de estas estructuras. La limitada capacidad institucional a nivel local, la respuesta insuficiente del Gobierno nacional y la reducción de la cooperación internacional agravaron aún más la atención a las víctimas.

Este deterioro de la seguridad se produjo, además, en un momento político especialmente delicado. El periodo previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 estuvo marcado por una escalada de violencia que alcanzó a líderes políticos, como el asesinato del congresista y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que encendió alertas sobre la estabilidad democrática y las garantías electorales en Colombia.