Buscan acabar plataformas como Uber, Didi o InDrive con multas de $4.7 millones a los usuarios

El Gobierno nacional presentó el pasado 20 de enero el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa que plantea un nuevo esquema de sanciones para el sector transporte y que impactaría directamente el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad en Colombia. La propuesta, actualmente en manos del Congreso, establece multas elevadas, inmovilizaciones prolongadas y un tratamiento sancionatorio que, según gremios y empresas tecnológicas, convertiría esta actividad en una práctica prácticamente prohibida, generando efectos sobre el empleo, la movilidad urbana y la economía digital del país.

El contenido del Proyecto de Ley 347 de 2026 desató una ola de reacciones entre empresas tecnológicas, asociaciones de conductores y gremios del sector digital, que alertan sobre las consecuencias económicas y sociales de la iniciativa. Aunque el debate sobre la regulación de las plataformas de movilidad no es nuevo, los actores involucrados advierten que el texto radicado marca un giro radical al pasar de una discusión normativa a un esquema de sanciones severas.

De acuerdo con datos del propio sector, más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos mediante aplicaciones de movilidad, mientras que cerca de 21 millones de usuarios recurren de forma habitual a estos servicios. Para los gremios, estas cifras evidencian que se trata de una actividad masiva y consolidada, cuya prohibición de facto podría afectar directamente la economía de cientos de miles de hogares.

Uno de los aspectos que más inquietud ha generado es el nuevo régimen sancionatorio incluido en el proyecto. El articulado contempla multas de 390 Unidades de Valor Básico, equivalentes a aproximadamente 4,7 millones de pesos, por cada servicio realizado cuando se considere que se facilitó el incumplimiento de las normas de transporte. Estas sanciones podrían aplicarse de manera acumulativa por cada viaje, lo que elevaría los montos a cifras difíciles de asumir para conductores y usuarios.

El proyecto también introduce multas que podrían llegar hasta las 180.000 UVB, es decir, cerca de 2.179 millones de pesos, para conductas que no cuenten con una sanción específica en la normativa vigente. Para los críticos, este punto abre la puerta a interpretaciones amplias y castigos desproporcionados, generando un escenario de alta incertidumbre jurídica.

A esto se suma la ampliación de las medidas de inmovilización de vehículos que realicen lo que la iniciativa define como transporte informal o ilegal, superando los tiempos de sanción actualmente establecidos. Los gremios consideran que estas disposiciones refuerzan un enfoque punitivo que castiga la actividad sin ofrecer alternativas de regulación.

La Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas, ACOPLA, pidió al Congreso el archivo inmediato del proyecto. En su pronunciamiento, la organización aseguró que la iniciativa criminaliza tanto a conductores como a usuarios y desconoce la realidad económica de miles de personas que encontraron en estas plataformas una fuente de ingresos ante la falta de empleo formal.

Desde ACOPLA insistieron en que los conductores no pueden ser tratados como delincuentes y que el país necesita una regulación moderna, construida mediante el diálogo, que reconozca el funcionamiento actual de las plataformas en lugar de perseguirlas.

Las empresas tecnológicas también manifestaron su preocupación. Uber afirmó que el uso de la tecnología no puede considerarse un delito y advirtió que trasladar el debate hacia un enfoque exclusivamente sancionatorio podría afectar la seguridad de quienes usan estas aplicaciones. La compañía reiteró que Colombia debería avanzar hacia reglas claras y consensuadas que respondan a una realidad ya existente.

En la misma línea, la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia señaló que el proyecto podría impactar a más de un millón de personas, entre quienes obtienen ingresos a través de las plataformas y quienes dependen de ellas como alternativa de transporte en las ciudades.

Aunque el Gobierno ha defendido la iniciativa como un mecanismo para fortalecer la supervisión del sector transporte, las reacciones anticipan un debate intenso en el Congreso. En la discusión estarán en juego temas sensibles como el empleo, la innovación, la movilidad urbana y el papel de la economía digital en el desarrollo del país.

Por ahora, los distintos gremios coinciden en que Colombia requiere una regulación clara y dialogada que integre a las plataformas de movilidad al sistema de transporte, y no un modelo que, a su juicio, podría cerrar una de las principales fuentes de ingresos para cientos de miles de familias.