Estados Unidos retira la visa a Ricardo Roa y a cuatro congresistas salpicados en el caso de la Ungrd

En un contundente y sin precedentes movimiento diplomático y judicial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo oficial una serie de restricciones y cancelaciones de visas de ingreso a su territorio dirigidas contra siete prominentes ciudadanos colombianos y sus respectivos núcleos familiares. La medida, adoptada en el marco de una política regional antinarcóticos y anticorrupción bajo el amparo de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, sacudió los cimientos de la política nacional al golpear a un exalto directivo del sector petrolero, un alcalde en ejercicio, excongresistas y parlamentarios electos vinculados a sonados expedientes de corrupción en Colombia.

La notificación oficial de la Casa Blanca precisó que la estrategia responde al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en la cumbre de Doral celebrada en marzo, así como a los lineamientos fijados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas el pasado 22 de septiembre.

Según la postura del gobierno norteamericano, la disposición legal aplicada faculta de manera discrecional al secretario de Estado para denegar el acceso a territorio estadounidense a cualquier ciudadano extranjero cuando existan motivos razonables para considerar que su presencia o sus actividades puedan acarrear consecuencias graves para la política exterior de ese país. Washington enfatizó que la política busca frenar a personas que, mediante prácticas corruptas o nexos con el tráfico de drogas, socaven el funcionamiento de gobiernos elegidos democráticamente en el hemisferio, independientemente de su filiación o corriente ideológica.

Dentro del grupo de sancionados destaca la figura de Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego en 2022 y posteriormente asumió la presidencia de Ecopetrol. Roa se había apartado temporalmente del cargo en la petrolera estatal el 7 de abril de 2026 mediante una licencia no remunerada para atender la seguidilla de requerimientos judiciales en su contra.

Cabe recordar que el 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación orientada a esclarecer posibles irregularidades en la adquisición de un inmueble en Bogotá y presuntos direccionamientos de contratos en Ecopetrol. Posteriormente, el ente querellante le formuló una nueva imputación por la presunta violación de los límites de gastos en campañas electorales, relacionada con las inconsistencias en los reportes contables de la contienda presidencial de 2022.

El tajo de las autoridades estadounidenses se extendió también al entramado político salpicado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un expediente judicial que investiga la supuesta entrega de proyectos, contratos y dádivas a congresistas a cambio de respaldar las operaciones de crédito público impulsadas por el Ejecutivo en las comisiones económicas durante el año 2023.

Entre los afectados con la revocatoria de visado figuran el senador electo y exrepresentante Wadith Alberto Manzur Imbett, la representante electa a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, y los exsenadores Liliana Esther Bitar Castilla y Julio Elías Chagüí Flórez, todos ellos formalmente salpicados e investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en el caso de la Ungrd.

La nómina de sancionados por el Departamento de Estado se completa con el actual alcalde del municipio de Sincelejo, Yahir Fernando Acuña Cardales, y el excongresista y exalcalde del municipio de Envigado, José Ignacio Mesa Betancur. Al fundamentar la decisión, la administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, ratificó su respaldo institucional a las autoridades judiciales colombianas para depurar los poderes públicos del país.

"La Administración Trump respalda al Gobierno de Colombia mientras trabaja para eliminar la influencia criminal, incluso de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo", concluyó el comunicado del organismo internacional, dejando en claro que las medidas restrictivas sobre las visas se mantendrán vigentes mientras avanzan los procesos penales en las Altas Cortes y en los juzgados del país.