Rodrigo Lara presenta su carta de reuncia al Presidente: "Serví con lealtad a la campaña, a usted y a este Gobierno"
Rodrigo Lara Restrepo presentó su renuncia irrevocable al Ministerio del Interior mediante una carta de nueve páginas enviada al presidente Abelardo De La Espriella. En el texto destacó la eliminación de 557 contratos fantasmas, reformas a la consulta previa y avances en la ley antimermelada. Alejandro Ordóñez asumirá el cargo, quedando Iván Cancino como encargado interino.
A través de un documento de nueve páginas dirigido al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, hizo oficial su renuncia con carácter libre, voluntario e irrevocable a la jefatura de la cartera política.
El texto de dimisión no solo formalizó el fin de su gestión, sino que se convirtió en una rendición de cuentas detallada donde Lara expuso los hitos de su administración en materia de lucha contra la corrupción, reforma a la consulta previa, atención de emergencias y manejo de la agenda legislativa en el Congreso de la República, poniéndose a disposición de su sucesor para llevar a cabo un proceso de empalme ordenado.
La salida de Lara se confirmó públicamente durante la noche del miércoles, cuando el presidente De La Espriella agradeció vía redes sociales sus servicios al país y anunció la designación del exprocurador general y actual embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez Maldonado, como nuevo titular del Ministerio del Interior. De igual forma, el mandatario notificó que, mientras se protocoliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá las funciones del despacho de manera temporal. Este relevo institucional se dio en el contexto de la crisis desatada por el hundimiento del Presupuesto General de la Nación en el Capitolio debido a un vicio de procedimiento.
En el capítulo de balance fiscal y administrativo, Lara Restrepo destacó que bajo su mando el Ministerio del Interior se convirtió en la primera entidad en erradicar las llamadas "corbatas", mediante la cancelación de 557 contratos de prestación de servicios correspondientes a contratistas fantasmas. Sumado a ello, la cartera reintegró $103.000 millones al Ministerio de Hacienda en el marco de la política de austeridad para destinar dichos recursos a programas sociales.
En materia de auditorías forenses, la gestión saliente reportó el hallazgo de presuntas irregularidades por $60.000 millones en la Dirección Nacional de Bomberos —caso puesto en conocimiento de la justicia—, al tiempo que inició la fiscalización de convenios con autoridades indígenas por más de un billón de pesos y la revisión de la contratación en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Respecto a la gestión del territorio y la respuesta ante desastres, la carta repasó la coordinación frente al movimiento telúrico que afectó a los departamentos de Chocó y Risaralda (con réplicas en sectores del Valle del Cauca y Quindío), así como la atención a la ola de incendios forestales que a finales de agosto impactó a municipios del Tolima y Villa de Leyva. En el plano normativo, Lara resaltó la expedición del Decreto 1525 de 2026 sobre regulación de la protesta social —en acatamiento a un fallo de la Corte Suprema de Justicia— y calificó la reestructuración de la consulta previa como la más profunda desde 1991.
Dicho marco quedó respaldado en la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre, la cual unificó los criterios del Gobierno, dejando listo el proyecto para sincronizar los trámites de consulta previa con el licenciamiento ambiental junto al Ministerio de Ambiente; esquema que permitió destrabar en dos meses la preconsulta del Canal del Dique tras cuatro años de parálisis.
Finalmente, en el ámbito parlamentario, el exministro defendió la construcción de mayorías sin recurrir a la entrega de burocracia, destacando la radicación del acto legislativo de transparencia ("ley antimermelada"), el estatuto antiterrorista estructurado junto a Estados Unidos y la UNODC, la aprobación en primer debate de la ley de sometimiento y el proyecto de ley de experimentación territorial para descentralizar competencias. Respecto al impase con el presupuesto, Lara aclaró en el documento que la responsabilidad sobre la compilación y unificación de los textos legislativos recaía sobre otra dependencia del Ejecutivo, concluyendo su comunicación con una ratificación de respaldo al proyecto político del Gobierno nacional.
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