Gobierno acude a deuda récord en la historia para cubrir sus necesidades de financiamiento

La necesidad urgente de recursos llevó al Gobierno Nacional a realizar en enero una operación financiera sin precedentes: la mayor emisión de bonos globales en la historia de Colombia. Aunque el Ejecutivo destacó la alta demanda internacional y el acceso a los mercados externos, la operación también expuso el delicado estado de las finanzas públicas y el creciente nivel de endeudamiento con el que el país intenta sostener su funcionamiento y cumplir compromisos previos.

La colocación de deuda externa alcanzó los 4.950 millones de dólares, una cifra que por sí sola refleja la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el Estado. Para tener una referencia, este monto representa casi la mitad de todo lo que Colombia emitió en deuda internacional durante 2025, año en el que se realizaron ocho operaciones por poco más de 10.900 millones de dólares.

La estrategia fue ejecutada por el Ministerio de Hacienda a través de tres emisiones con vencimientos escalonados en el corto y mediano plazo. Los bonos fueron estructurados para expirar en 2029, 2031 y 2033, con tasas que oscilaron entre el 5,375 % y el 6,5 %, lo que dejó un costo promedio cercano al 5,93 % anual para el país.

Desde el Gobierno se resaltó que la operación recibió una respuesta masiva por parte de los inversionistas internacionales. Según cifras oficiales, las órdenes de compra superaron los 23.000 millones de dólares, un nivel de demanda que, para el Ejecutivo, confirma que Colombia aún conserva credibilidad en los mercados financieros globales.

Sin embargo, detrás del optimismo oficial, varios analistas advierten que el acceso a estos recursos no responde a un escenario de fortaleza fiscal, sino a una necesidad inmediata de liquidez. Los nuevos bonos servirán en buena medida para cubrir los requerimientos de financiamiento de 2026 y para atender obligaciones ya existentes.

Este movimiento se suma a la reciente definición del cupo de endeudamiento interno para el próximo año, que asciende a 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES). Se trata de uno de los niveles más altos de deuda autorizados en la última década en proporción al tamaño de la economía.

De ese total, cerca de 67 billones de pesos se destinarán a cubrir necesidades de corto plazo, mientras que más de 85 billones corresponden a compromisos de largo plazo asociados al funcionamiento del Estado y a proyectos de inversión pública.

Expertos del sector financiero han señalado que este aumento sostenido del endeudamiento es consecuencia de un desbalance estructural entre ingresos y gastos, agravado por la falta de una ley de financiamiento y por un presupuesto que no logró el respaldo del Congreso.

La discusión se intensificó tras la polémica operación realizada en diciembre, cuando el Gobierno vendió de forma directa 23 billones de pesos en TES a un único inversionista, a una tasa superior al 13 %, una de las más altas pagadas por un país soberano en el mundo.

Mientras desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que estas decisiones buscan anticiparse a escenarios más complejos, centros de pensamiento económico advierten que el déficit fiscal seguirá creciendo y podría acercarse al 7 % del PIB en 2026.

El consenso entre analistas es claro: aunque el acceso a los mercados internacionales sigue abierto, el endeudamiento récord no puede reemplazar indefinidamente ajustes de fondo. Sin cambios estructurales en el gasto público, una proporción cada vez mayor de los ingresos del país terminará destinada únicamente al pago de intereses.