País - Diciembre 19 de 2025 - 11:36 AM

Inpec frustra sofisticado plan de fuga de "el monstruo de Ciudad Bolívar" en La Modelo.

El Inpec frustró la fuga de Daniel Montilla Baquero, alias "el monstruo de Ciudad Bolívar", en la cárcel La Modelo. Gracias a un informante, se halló un mapa detallado con rutas de alcantarillado y horarios de guardias. El recluso, procesado por 16 abusos y un homicidio, fue enviado a máxima seguridad.

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La vigilancia interna de la cárcel La Modelo logró asestar un golpe preventivo contra la impunidad al descubrir una estrategia de escape meticulosamente trazada desde las sombras. Gracias a la información suministrada por una fuente humana dentro del mismo penal, los agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) detectaron las intenciones de un interno que apenas llevaba unas semanas recluido. La alerta temprana permitió la intervención inmediata de la celda, donde se encontró el documento clave que ponía en riesgo la estabilidad del centro de reclusión.


El rastro de la fuga estaba consignado en un mapa elaborado de forma artesanal, cuya precisión técnica sorprendió a los investigadores. En el boceto no solo se especificaba la trayectoria exacta que debía seguir el prófugo, sino que incluía una contabilidad detallada de los pasos necesarios, la ubicación estratégica de las rejillas, los accesos al alcantarillado y las dimensiones físicas de los pasillos. Más grave aún fue el hallazgo de anotaciones sobre la cantidad de personal de custodia por sección y los horarios exactos en los que se realizaban los relevos de guardia, lo que sugiere una labor de inteligencia interna previa.


El protagonista de este fallido plan es un individuo cuya captura fue noticia nacional por la gravedad de sus crímenes. Identificado como K. Montilla Baquero, este sujeto carga con el aterrador apelativo de "el monstruo de Ciudad Bolívar", debido a su presunta responsabilidad en al menos 16 casos de abuso sexual y el asesinato de la joven Catalina Leyva. Su perfil delictivo revela un patrón de manipulación en el que atraía a sus víctimas con promesas laborales para luego someterlas y extorsionarlas mediante registros audiovisuales.


Ante el riesgo inminente que representaba su permanencia en un centro de mediana seguridad, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, director del Inpec, ordenó el traslado inmediato de Montilla Baquero a una unidad de máxima seguridad. Paralelamente, la oficina de control interno inició una indagación exhaustiva para determinar cómo el recluso obtuvo datos tan específicos sobre la infraestructura y la logística del penal, sospechando que pudo existir colaboración por parte de algún funcionario corrupto.


Este incidente se enmarca en una serie de operativos a gran escala que el Inpec viene desarrollando para desmantelar redes de corrupción y extorsión tras las rejas. Según el balance oficial, en lo corrido del año se han efectuado más de 21.000 procedimientos de control que han permitido la incautación de 35.000 teléfonos móviles. Recientemente, una intervención masiva alcanzó a 153 pabellones en todo el país, afectando a cerca de 20.000 privados de la libertad, como parte de una estrategia nacional para blindar las cárceles frente a las mafias internas.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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