País - Mayo 31 de 2023 - 02:53 PM

Alerta Roja y Calamidad Pública en Puerto Escondido, Córdoba

El tranquilo municipio de Puerto Escondido, Córdoba, está en estado de alerta roja tras una serie de perturbaciones geológicas que han obligado a más de 200 familias a abandonar sus hogares

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El municipio de Puerto Escondido se encuentra en estado de alerta roja, con más de 200 familias forzadas a abandonar sus hogares tras las evidencias de actividad volcánica y el movimiento telúrico del 24 de mayo, que alcanzó una magnitud de 6,6 en la escala Richter. La amenaza inminente de deslizamientos de tierra, grietas profundas y la emergencia de gases con olor a azufre del volcán de lodo ubicado cerca del perímetro urbano, ha dejado a la comunidad en un estado de inquietud y temor palpable.

La situación crítica ha llevado a la administración municipal a declarar la calamidad pública, permitiendo la movilización de recursos para enfrentar esta crisis. La infraestructura de la ciudad ha sufrido daños considerables, siendo la red eléctrica una de las más afectadas. Afinia, la empresa encargada del servicio de energía, se vio obligada a paralizar temporalmente los trabajos de renovación debido a la continua actividad sísmica. Las instituciones educativas también han suspendido sus actividades, poniendo la seguridad de los estudiantes como prioridad.

La llegada de un equipo de geólogos por parte de la Oficina Geológica y el Gobierno Nacional ha brindado un respiro de esperanza a los residentes. Se espera que su análisis ayude a comprender mejor la situación y desarrolle una estrategia efectiva de respuesta y mitigación. Con la ayuda humanitaria y la presencia de la fuerza pública, Puerto Escondido se mantiene en pie frente a esta adversidad, demostrando la resiliencia y la solidaridad de su gente en tiempos de crisis.


Publicado por Redacción Nacional
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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