País - Noviembre 20 de 2026 - 09:39 AM

Le retiran el esquema de seguridad a Claudia López: ella dice que es por retaliación polítiica

La exalcaldesa Claudia López denunció en X que el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la UNP le retiraron su esquema de seguridad por presunta retaliación política; la medida coincide con la revisión técnica ordenada por el Ejecutivo para desmontar esquemas sin evaluaciones de riesgo vigentes.

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Una nueva confrontación política estalló en el escenario nacional luego de que la excandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunciara a través de su cuenta oficial en la red social X que le fue retirado su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En su pronunciamiento público, López atribuyó directamente la determinación a una represalia de carácter político por parte de la administración del presidente Abelardo de la Espriella y del director de la UNP, Didier Fabián Blanco: “Por retaliación política el gobierno de Abelardo y su director de la UNP retiraron mi esquema de seguridad”.

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La exmandataria distrital advirtió que mantendrá su postura crítica frente al Ejecutivo y planteó un duro cuestionamiento sobre su integridad personal en medio de las tensiones con el Gobierno nacional, cerrando su publicación con un mensaje de reconocimiento hacia los escoltas que la acompañaron: “¿Pasarán del sicariato digital al físico en la Patria Miseria? En todo caso no me callaré. A los servidores que cuidaron mi vida estos años mi gratitud infinita y eterna”.

El episodio se produce tras recientes choques verbales protagonizados por López contra el jefe de Estado, entre ellos el mensaje difundido luego de que De la Espriella apareciera vestido con camuflaje militar, armado y con una boina con el escudo del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) al presentar resultados de la operación Noah contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo, ocasión en la que la exalcaldesa escribió: “Oiga 🤡 ya pasó Halloween! Quítese el disfraz y trabaje de Presidente en algo distinto de hacer show, clavarnos más impuestos, y producir más muertos y menos resultados”, acompañando el texto con las etiquetas #PatriaMiseria y #IVACristoRey.

Desde la otra orilla, el retiro de medidas de protección se enmarca en la directriz impartida por el presidente Abelardo de la Espriella el pasado 15 de octubre de 2026, cuando ordenó una revisión técnica integral de los esquemas administrados por la UNP para depurar aquellos que, según el Ejecutivo, no contaran con evaluaciones de riesgo que justificaran el gasto de recursos públicos.

Al defender esa política de ajuste fiscal y revisión de seguridad, De la Espriella sostuvo que mantiene seguimiento diario con la dirección de la entidad para garantizar que la protección estatal se concentre únicamente en personas con amenazas comprobadas, asegurando que no responde a criterios partidistas: “Cuando se trata de proteger a los colombianos, no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”. En intervenciones previas sobre el alcance de las auditorías, el mandatario también cuestionó asignaciones originadas sin pruebas verificables: “Cualquier peludo monta un video y dice que lo amenazaron, y entonces el Estado tiene que salir corriendo a prestarle protección, pero esa payasada se acabó”.

La depuración impulsada por el Gobierno desde finales de agosto de 2026 ya había derivado en el retiro de esquemas a exministros como Armando Benedetti y Antonio Sanguino, así como a otros exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Al respecto, el director de la UNP, Didier Blanco, explicó durante un debate en la Cámara de Representantes que el proceso ha enfrentado demoras administrativas debido a que varios exintegrantes del anterior Ejecutivo aún no han restituido los automotores asignados: “Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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