El Gobierno de Abelardo de la Espriella sacó de la Ley de Rescate el IVA del 19 % a los alimentos de la canasta familiar, al agro y a la medicina prepagada. A cambio, Hacienda propone una sobretasa de renta para quienes ganen más de $7 millones al mes y nuevos cobros a motos, carros eléctricos, arriendos turísticos y compras pequeñas en plataformas internacionales. La primera votación en el Congreso está prevista para el 1 o el 2 de diciembre.
El café, el azúcar y las pastas se salvaron, pero la cuenta no desapareció: solo cambió de bolsillo. La Ley de Rescate Económico, la reforma con la que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca poner en orden las finanzas del país, llega a una semana decisiva en el Congreso con varios impuestos ya fuera del proyecto y otros nuevos sobre la mesa. Esto es, en palabras sencillas, lo que sale, lo que entra y a quién le tocaría pagar.
El proyecto, radicado en la Cámara el 29 de octubre como Proyecto de Ley 477 de 2026, persigue una meta de fondo: frenar el crecimiento de la deuda del país. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explica que la idea es dejarla quieta en el 64 % del PIB, porque si Colombia llega a no poder pagar lo que debe, los más golpeados serían los más pobres. El Gobierno sostiene que, sin la ley, el país se expone a perder empleos.
Lo que ya salió. El cambio más grande llegó el 16 de noviembre, cuando el presidente anunció que no se cobrará IVA del 19 % a los alimentos de la canasta familiar, decisión que luego ratificó el ministro ante los ponentes. Así, el café, el azúcar, las pastas, las frutas, las verduras y los granos quedan como están. También salieron el IVA a los insumos del agro y a los alimentos para mascotas, y se descartó, por ahora, subir del 5 % al 19 % el IVA de la medicina prepagada. Con esos cambios también se cayó la devolución del IVA que prometía hasta $231.000 a 35 millones de colombianos de estratos bajos y clase media baja.
Lo que entra para tapar el hueco. Para compensar la plata que deja de recaudar, Hacienda plantea una sobretasa al impuesto de renta para las personas con ingresos superiores a $7 millones mensuales, cuya tarifa todavía no se conoce. Además, propone gravar las motos de menos de 200 centímetros cúbicos, que hoy no pagan el impuesto al consumo del 8 %, y los vehículos eléctricos; cobrar IVA a los arriendos de inmuebles con fines turísticos y a las compras de bajo valor en plataformas internacionales como Temu y Shein, una medida que podría dejar cerca de $4 billones. Las empresas, en cambio, se quedan sin el alivio que les habían prometido: el Gobierno desistió de bajarles la renta y la tarifa seguirá en el 35 %.
¿A quién le pega?
En resumen, el golpe se corre de la mesa de los hogares hacia otros bolsillos: los trabajadores y profesionales con ingresos altos, quienes compran ropa y artículos baratos por internet en el exterior, los dueños de apartamentos que arriendan a turistas y quienes estén pensando en comprar moto pequeña o carro eléctrico. Este último punto toca de cerca a miles de personas que usan la moto como herramienta de trabajo.
Las tiendas de barrio también están pendientes. El proyecto amplía desde 2028 el impuesto a las bebidas azucaradas, incluso a las que tienen menos de 5 gramos de azúcar, y el Gobierno calcula que eso dejaría cerca de $1,8 billones adicionales. La Federación de Comerciantes y Tenderos (Fedecom) radicó el viernes 20 de noviembre una carta en el Ministerio de Hacienda para pedir que no se suban los impuestos a la cerveza y a las gaseosas.
El reloj corre. La primera votación en las comisiones económicas conjuntas está prevista para el 1 o el 2 de diciembre, y la votación final en las plenarias, para la tercera semana de ese mes. El propio ministro advirtió que el calendario es apretado y que cualquier cambio al texto debe venir con otra fuente de recaudo para no romper las metas fiscales.
En el Congreso, las posturas siguen divididas. El senador Carlos Meisen, del Centro Democrático, espera que el proyecto se apruebe antes del 2 de diciembre, aunque su partido rechaza nuevos impuestos al consumo popular y prefiere recortar el gasto público. Desde el Pacto Histórico, que anunció que votará en contra, los senadores Jorge Alejandro Ocampo y Kamelia Zuluaga se pararon en contra de cualquier cobro a productos de consumo popular y a los servicios de tecnología.
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