País - Julio 09 de 2026 - 05:47 PM

Ministro de Defensa reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente y se distancia de Petro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo, ignorando la insistencia de Gustavo Petro sobre un presunto fraude. Sánchez aseguró que la Fuerza Pública es garante de la democracia y respetará los resultados emitidos por el CNE.

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El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, realizó una intervención de gran calado durante el acto de rendición de cuentas celebrado este jueves 9 de julio en Bogotá, donde marcó una línea divisoria definitiva frente a la narrativa de incertidumbre que ha intentado instaurar el presidente saliente, Gustavo Petro, tras los resultados electorales del pasado 21 de junio. En un ejercicio de contundencia institucional, Sánchez despejó cualquier duda sobre la postura que mantendrán las Fuerzas Armadas y el sector defensa durante el periodo de transición, ratificando sin ambages que el abogado Abelardo de la Espriella es, a todos los efectos legales y constitucionales, el presidente electo que asumirá las riendas del país el próximo 7 de agosto de 2026.

Esta declaración no solo constituye un espaldarazo a la legitimidad de los órganos electorales, como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, sino que, de manera implícita pero clara, desautoriza la cruzada que el actual mandatario ha emprendido al denunciar un supuesto fraude cibernético, una acusación que, a pesar de carecer de pruebas sólidas hasta la fecha, ha servido de combustible para su llamado a una "resistencia activa" y la convocatoria de movilizaciones sociales para el 20 de julio.

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La postura de Sánchez trasciende la simple declaración administrativa para convertirse en un mensaje de estabilidad frente a la polarización. El ministro fue enfático en señalar que, si bien el sector defensa mantiene un respeto absoluto por las facultades legales de Gustavo Petro hasta el 6 de agosto, el papel de la Fuerza Pública es servir como la columna vertebral del Estado, una estructura que debe garantizar que el tránsito entre una administración y otra ocurra con total apego a la Constitución y la ley.

Al ser cuestionado sobre las persistentes versiones en redes sociales que sugieren la existencia de fracturas internas, descontentos o supuestas posturas golpistas dentro de las filas militares, Sánchez optó por calificar dichos señalamientos como simple "ruido", restándoles cualquier credibilidad y blindando a la institución frente a los intentos de desacreditación que emanan desde diversos frentes políticos, incluyendo la misma Casa de Nariño. Para el ministro, la misión es clara: cumplir las órdenes dentro de las facultades legales y asegurar que el poder sea entregado conforme a lo que la ciudadanía decidió democráticamente en las urnas, alejándose de cualquier aventura política que pretenda subvertir el orden institucional.

Por otra parte, la intervención de Sánchez también abordó la delicada coyuntura frente a las demandas que el oficialismo, de la mano del senador Iván Cepeda, ha interpuesto ante el Consejo de Estado buscando la nulidad de la elección. Al insistir en que la Fuerza Pública es garante de la democracia, el ministro dejó entrever que, independientemente de las maniobras jurídicas que pueda intentar el sector oficialista, el compromiso de la institución es con el veredicto final que ya fue emitido por las autoridades electorales.

Esta posición resulta especialmente significativa dado que el Gobierno saliente no solo ha cuestionado el conteo de votos, sino que ha buscado trasladar el conflicto a las calles, intentando legitimar una especie de "resistencia civil" que, según analistas políticos, supone una presión directa sobre las instituciones del Estado. Con estas declaraciones, el ministro Pedro Sánchez envía un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional y a los mercados, asegurando que, pese a los intentos de enturbiar la transición, la institucionalidad en Colombia cuenta con el respaldo de sus fuerzas armadas para garantizar que el relevo presidencial se efectúe bajo los parámetros de normalidad democrática.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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