Mujer pagará más de 35 años de cárcel por el homicidio y robo a un turista ecuatoriano

Un juez de conocimiento en Medellín condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo, ciudadana venezolana de 37 años, a 33 años y cuatro meses de prisión por el asesinato del ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón. La decisión judicial se produjo tras acoger el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad de la mujer en el crimen ocurrido en diciembre de 2024.

De acuerdo con la investigación, el homicidio estuvo acompañado de un plan criminal que incluyó el hurto de las tarjetas bancarias de la víctima. Las autoridades establecieron que Vargas Salcedo actuó en compañía de otro sujeto para despojar a Vásquez Chacón de sus pertenencias financieras, las cuales fueron utilizadas pocas horas después para realizar compras que superaron los 12 millones de pesos colombianos.

El caso comenzó a esclarecerse luego de que el cuerpo del ciudadano ecuatoriano fuera hallado con múltiples golpes y evidentes signos de estrangulamiento. El hallazgo dio inicio a una investigación penal que permitió reconstruir sus últimas horas con vida y establecer el vínculo de la hoy condenada con los hechos.

Familiares de la víctima relataron que Javier Alejandro Vásquez había salido la noche del domingo 22 de diciembre hacia un establecimiento nocturno en Medellín. Según el testimonio de su madre, tenía previsto regresar de madrugada, ya que al día siguiente participaría en un viaje turístico hacia Guatapé, plan que nunca pudo concretar.

Por los hechos relacionados con el uso fraudulento de las tarjetas bancarias, Vargas Salcedo ya había recibido una condena previa de 22 meses y 12 días de prisión, luego de aceptar cargos por hurto mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Esa sentencia fue acumulada posteriormente al proceso por homicidio agravado.

La mujer fue capturada el 2 de enero en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín. Con la nueva decisión judicial, deberá cumplir una pena total que supera los 35 años de prisión, de acuerdo con fuentes judiciales, al sumarse las condenas impuestas en ambos procesos.

Aunque la defensa aún tiene la posibilidad de apelar el fallo, la sentencia marca un precedente relevante en la respuesta de la justicia colombiana frente a delitos graves cometidos contra ciudadanos extranjeros, en una ciudad que recibe miles de visitantes cada año.