País - Diciembre 15 de 2025 - 10:26 AM

Paro armado del Eln siembra terror en el país: Santander, uno de los más afectados

El paro armado decretado por el Eln ha generado amenazas, actos de intimidación y hechos violentos en varias regiones del país durante la temporada decembrina. Santander es una de las regiones más afectadas.

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En distintos puntos del territorio nacional, la normalidad se ha visto interrumpida por una escalada de acciones ilegales que afectan la movilidad, la actividad económica y la tranquilidad ciudadana. En zonas donde históricamente han operado grupos armados, comerciantes y transportadores han reducido horarios, algunas vías presentan menor flujo y muchas familias han optado por limitar sus desplazamientos ante el temor de quedar en medio de hechos violentos.


La preocupación es mayor en corredores estratégicos y municipios con antecedentes de confrontación armada, donde la presencia de actores ilegales vuelve a sentirse con fuerza justo en una época clave para la economía local y el reencuentro familiar. La incertidumbre se ha convertido en un factor común entre comunidades que intentan mantener sus actividades pese al clima de tensión.


Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa entregó un balance oficial que dimensiona la magnitud de la situación. Según esa cartera, el paro armado decretado por el ELN ha desencadenado decenas de incidentes en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país.


El ministro de Defensa advirtió que estas acciones afectan indiscriminadamente a la población civil, a funcionarios públicos y a la infraestructura privada. Señaló que el objetivo central de esta ofensiva es generar temor colectivo y alterar la vida diaria de los ciudadanos, aprovechando una temporada especialmente sensible como lo es diciembre.


Las autoridades explicaron que una parte importante de los hechos corresponde a lo que se ha denominado terrorismo mediático. Esta modalidad incluye la instalación de banderas, grafitis, mensajes intimidantes y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo mediante su difusión en redes sociales y canales digitales.


No obstante, el Gobierno fue enfático en que la situación va más allá de la intimidación simbólica. También se han registrado ataques con impacto real, entre ellos homicidios y atentados con explosivos que han dejado personas heridas y daños materiales, elevando el nivel de alerta en varias regiones del país.


Como respuesta, el Ministerio de Defensa anunció el ofrecimiento de recompensas económicas para quienes entreguen información que permita prevenir o neutralizar acciones terroristas. Paralelamente, se reforzó el plan especial de seguridad de Navidad con mayor presencia del Ejército, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.


El despliegue se ha concentrado en zonas de alta complejidad, fortaleciendo capacidades terrestres, fluviales y aéreas, así como estrategias para contrarrestar nuevas formas de ataque y proteger corredores viales, centros urbanos y áreas rurales vulnerables.


En su pronunciamiento, el ministro también cuestionó los argumentos del ELN para justificar el paro armado, calificándolos como infundados y como una muestra de lo que describió como cinismo terrorista. Reiteró que, pese a la política de Paz Total y los escenarios de diálogo, no existe ninguna instrucción de suspender las operaciones militares contra ese grupo armado ilegal.


Finalmente, se refirió a una denuncia relacionada con una presunta interferencia política en operativos de la Fuerza Pública. Indicó que el caso será analizado junto con la cúpula militar y policial antes de cualquier reunión con la congresista mencionada. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima, con un llamado reiterado del Gobierno a mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la protección de la población.

Publicado por Redacción Ke se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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