El paro armado decretado por el Eln ha generado amenazas, actos de intimidación y hechos violentos en varias regiones del país durante la temporada decembrina. Santander es una de las regiones más afectadas.
En distintos puntos del territorio nacional, la normalidad se ha visto interrumpida por una escalada de acciones ilegales que afectan la movilidad, la actividad económica y la tranquilidad ciudadana. En zonas donde históricamente han operado grupos armados, comerciantes y transportadores han reducido horarios, algunas vías presentan menor flujo y muchas familias han optado por limitar sus desplazamientos ante el temor de quedar en medio de hechos violentos.
La preocupación es mayor en corredores estratégicos y municipios con antecedentes de confrontación armada, donde la presencia de actores ilegales vuelve a sentirse con fuerza justo en una época clave para la economía local y el reencuentro familiar. La incertidumbre se ha convertido en un factor común entre comunidades que intentan mantener sus actividades pese al clima de tensión.
Frente a este panorama, el Ministerio de Defensa entregó un balance oficial que dimensiona la magnitud de la situación. Según esa cartera, el paro armado decretado por el ELN ha desencadenado decenas de incidentes en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó y otras zonas del oriente y occidente del país.
El ministro de Defensa advirtió que estas acciones afectan indiscriminadamente a la población civil, a funcionarios públicos y a la infraestructura privada. Señaló que el objetivo central de esta ofensiva es generar temor colectivo y alterar la vida diaria de los ciudadanos, aprovechando una temporada especialmente sensible como lo es diciembre.
Las autoridades explicaron que una parte importante de los hechos corresponde a lo que se ha denominado terrorismo mediático. Esta modalidad incluye la instalación de banderas, grafitis, mensajes intimidantes y la marcación de vehículos, acciones que buscan amplificar el miedo mediante su difusión en redes sociales y canales digitales.
No obstante, el Gobierno fue enfático en que la situación va más allá de la intimidación simbólica. También se han registrado ataques con impacto real, entre ellos homicidios y atentados con explosivos que han dejado personas heridas y daños materiales, elevando el nivel de alerta en varias regiones del país.
Como respuesta, el Ministerio de Defensa anunció el ofrecimiento de recompensas económicas para quienes entreguen información que permita prevenir o neutralizar acciones terroristas. Paralelamente, se reforzó el plan especial de seguridad de Navidad con mayor presencia del Ejército, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
El despliegue se ha concentrado en zonas de alta complejidad, fortaleciendo capacidades terrestres, fluviales y aéreas, así como estrategias para contrarrestar nuevas formas de ataque y proteger corredores viales, centros urbanos y áreas rurales vulnerables.
En su pronunciamiento, el ministro también cuestionó los argumentos del ELN para justificar el paro armado, calificándolos como infundados y como una muestra de lo que describió como cinismo terrorista. Reiteró que, pese a la política de Paz Total y los escenarios de diálogo, no existe ninguna instrucción de suspender las operaciones militares contra ese grupo armado ilegal.
Finalmente, se refirió a una denuncia relacionada con una presunta interferencia política en operativos de la Fuerza Pública. Indicó que el caso será analizado junto con la cúpula militar y policial antes de cualquier reunión con la congresista mencionada. Mientras tanto, el país permanece en alerta máxima, con un llamado reiterado del Gobierno a mantener la ofensiva contra el terrorismo y garantizar la protección de la población.
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