Pastor abusaba de sus feligresas durante falsos rituales de sanación

El proceso judicial contra John Jairo Leguia González dio un giro decisivo cuando un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario, mientras avanza la investigación por presuntos delitos sexuales cometidos en el interior de una congregación cristiana en San Andrés Islas. Para la Fiscalía, el pastor no solo traicionó la confianza de sus feligreses, sino que utilizó su investidura religiosa como un instrumento de sometimiento.

De acuerdo con el ente acusador, el religioso habría construido un discurso que mezclaba supuestos dones espirituales con prácticas que presentaba como indispensables para la sanación física y emocional. Bajo esa narrativa, citaba a las mujeres de manera individual, en espacios cerrados, donde imponía reglas estrictas y condiciones que, según él, eran necesarias para que los rituales funcionaran.

En esos encuentros, Leguia González convencía a las víctimas de despojarse de su ropa con el argumento de aplicar un “aceite ungido”, al que atribuía poderes curativos. La Fiscalía sostiene que este elemento fue usado como una herramienta de presión psicológica, aprovechando la fe y el temor de las mujeres a desobedecer lo que creían un mandato espiritual.

Las investigaciones revelan que las víctimas quedaron atrapadas en una relación de subordinación absoluta, en la que cuestionar al pastor significaba, según el discurso que él mismo promovía, poner en riesgo su sanación o su bienestar espiritual. Ese contexto habría permitido que se consumaran los abusos sin resistencia efectiva.

Hasta ahora, los investigadores han logrado documentar al menos cuatro casos bajo este mismo patrón. Las denuncias fueron asumidas por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), quien imputó al religioso los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Aunque el procesado se declaró inocente y no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, el juez consideró que el material probatorio presentado era suficiente para imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario, al advertir riesgos para las víctimas y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso penal.

El caso ha generado conmoción en San Andrés y ha llevado a distintas organizaciones a insistir en la importancia de denunciar cualquier forma de abuso, incluso cuando se produce en escenarios donde la confianza y la autoridad espiritual suelen ser incuestionables.