País - Noviembre 20 de 2026 - 02:40 PM

Todo lo que se sabe del escándalo de los titulos falsos de la congresista Luz Verónica Estrada

La representante Luz Verónica Estrada enfrenta investigaciones en la Procuraduría, la Corte Suprema y el Comité de Ética del Pacto Histórico —que pidió su renuncia— luego de comprobarse que no es egresada de la U. Nacional ni bachiller en Caramanta, donde en 2017 repetía octavo grado, y que usó documentos falsos en la DIAN y Apolo Sima.

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Una discusión aparentemente menor en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes terminó destapando una cadena de falsificaciones documentales que hoy mantiene contra las cuerdas a la congresista antioqueña del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, de 27 años. Todo estalló cuando el canciller Omar Bula le corrigió públicamente en plena sesión el uso de términos técnicos y ortográficos: “No es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra rara. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”. Aquel cruce verbal sacó del relativo anonimato a la legisladora —recordada apenas por haber ofrecido disculpas el mes pasado tras jalarle la chaqueta en plenaria al representante Daniel Briceño— y activó un efecto dominó sobre su historial académico y laboral.

Al revisar los soportes con los que Estrada accedió tanto a contratos públicos y privados como a su curul de 55 millones de pesos mensuales, salieron a la luz al menos tres presuntos diplomas apócrifos. El primero corresponde a un supuesto título de ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, acompañado de acta de grado, historial de notas y certificado de terminación de materias; sin embargo, la institución confirmó que nunca fue estudiante ni egresada. Incluso, Verónica Botero —decana de la Facultad de Minas en la época de la supuesta graduación— desmintió la rúbrica estampada en el cartón: “No se parece para nada a la mía (...) parece una mala copia de la firma de la decana de Ingeniería (de la época) en la sede Bogotá (María Alejandra Guzmán)”.

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De hecho, la Universidad Nacional ya había radicado dos denuncias penales previas antes de su elección: una en abril de 2024 ante la Fiscalía 172 Seccional de Medellín, tras una consulta de la multinacional Continental Gold, y otra en noviembre de 2025 firmada por la vicerrectora Mary Luz Alzate luego de que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) solicitara validar el diploma antes de expedirle matrícula profesional, advirtiendo que el documento tomó datos reales de otros graduados. Cinco meses después de esa segunda denuncia, Estrada obtuvo su escaño en la Cámara.

El segundo desmentido llegó desde su natal Caramanta, en el suroeste antioqueño. La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa declaró la “absoluta falsedad e ilegalidad” del diploma y acta de grado de bachiller de Media Técnica con Especialidad Comercio fechados el 25 de noviembre de 2017, revelando que en los libros oficiales de ese mismo año Estrada figuraba repitiendo octavo grado, hecho por el cual el plantel notificó a las autoridades y a la Gobernación de Antioquia.

A esta lista se sumó un tercer documento cuestionado ante la empresa minera Apolo Sima, en el occidente antioqueño, donde fue contratada como jefa de mina el 17 de enero de 2024 y renunció el 1 de marzo siguiente luego de que le exigieran certificaciones que nunca entregó; para obtener ese cargo presentó un diploma de ingeniera de Minas de la Universidad de Antioquia, carrera que esa alma máter ni siquiera ofrece, situación que llevó al apoderado de la compañía, Joseph Rodríguez, a advertir posibles acciones civiles tras señalar que la opinión pública cree que “somos cómplices” en lugar de haber sido asaltados en su buena fe.

Con el falso diploma de la Universidad Nacional y una tarjeta profesional del Copnia igualmente cuestionada, Estrada firmó en 2025 un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por 78 millones de pesos —con honorarios cercanos a los 8 millones mensuales— para asesorar a la dirección general en temas del sector minero. Aunque el entonces director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, aseguró haber sido asaltado en su buena fe, comunicaciones fechadas el 4 y 5 de marzo de 2025 revelan que él mismo le envió una solicitud de oferta para que se postulara a la vacante, a la que ella respondió adjuntando los soportes fraudulentos. Posteriormente, entre julio y septiembre de 2026, Llinás trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo de la propia congresista y habría sido uno de los impulsores de su aspiración política. Paradójicamente, Estrada figura como coautora de un proyecto de ley para crear un sistema público de consulta gratuita de títulos académicos.

La reconstrucción de su ascenso político muestra que su hoja de vida pasó sin observaciones por el Comité de Ética y Garantías Electorales de Antioquia y el Eje Cafetero del Pacto Histórico en septiembre de 2025 —donde participaba el diputado Manuel García— tras recibir respaldo en asamblea de Colombia Humana y lograr más de 7.000 votos en la consulta interna que la ubicaron segunda en la lista cerrada a la Cámara por Antioquia, acompañada en campaña por figuras como Alejandro Toro y la senadora Isabel Zuleta, quien tomó distancia afirmando: “No soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré”.

Mientras Estrada cerró sus perfiles en redes sociales y guarda silencio, múltiples frentes disciplinarios y penales avanzan en su contra: la Procuraduría abrió investigación disciplinaria; el Pacto Histórico le pidió renunciar y activó su Comité de Ética; el senador Germán Rodríguez elevó queja ante la Comisión de Ética de la Cámara; y la senadora Jennifer Pedraza denunció los hechos ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente por su fuero congresional para investigarla por delitos como falsedad ideológica en documento público —que acarrea entre 64 y 144 meses de prisión— y fraude procesal, castigado con penas de 6 a 12 años de cárcel.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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