La Registraduría informó que solo dos de los 22 comités que presentaron firmas para las presidenciales de 2026 registraron posibles inconsistencias relacionadas con eventuales delitos y confirmó denuncia ante la Fiscalía.
La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la información que ha circulado en medios y redes sociales sobre la validación de firmas presentadas por grupos significativos de ciudadanos que buscan inscribir candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026.
En el comunicado, fechado el 11 de febrero en Bogotá, la entidad detalló el balance del proceso de verificación de apoyos ciudadanos y explicó que, de los 22 comités que radicaron firmas ante la autoridad electoral, únicamente en dos se detectaron posibles inconsistencias asociadas a eventuales conductas fraudulentas o delictivas. Esa situación, precisó la Registraduría, ya había sido informada públicamente el pasado 19 de enero a través de sus canales institucionales.
La entidad confirmó además que presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan eventuales responsabilidades penales.
En cuanto al proceso técnico de revisión, la Registraduría explicó que durante la verificación de los apoyos de distintos aspirantes —entre ellos el candidato Abelardo de la Espriella— se identificaron inconsistencias habituales como registros con datos ilegibles, información que no coincide con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o ciudadanos que no figuran en el censo electoral. La entidad recalcó que el procedimiento se desarrolla bajo los parámetros legales vigentes.
El organismo recordó que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 996 de 2005, los comités debían acreditar al menos 635.216 firmas válidas, cifra equivalente al tres por ciento de los votos válidos obtenidos en la primera vuelta presidencial de 2022, que sumaron 21.173.842 sufragios.
Asimismo, subrayó que las preferencias políticas constituyen un derecho fundamental protegido constitucionalmente, por lo que los datos de los ciudadanos que respaldan candidaturas solo pueden utilizarse para efectos de verificación y no pueden divulgarse públicamente.
La aclaración institucional se produjo luego de que se conociera un análisis citado por El Espectador, según el cual, de más de cinco millones de firmas entregadas por la campaña de Abelardo de la Espriella, aproximadamente el 38 % habría sido validado tras la revisión oficial. El documento técnico, identificado como “Investigación 44” y verificado por la funcionaria Martha Lucía Isaza Rodríguez, señaló que se analizaron 5.079.000 registros, incluidos formularios con renglones en blanco que fueron invalidados, y que el total de apoyos válidos ascendió a 1.978.108 firmas.
El informe también detalló que un número significativo de registros no superó la verificación por inconsistencias como datos inexistentes en el ANI, duplicidad de apoyos o información ilegible. Tras la divulgación de estos datos, el exministro del Interior y también aspirante presidencial Juan Fernando Cristo cuestionó públicamente la situación a través de su cuenta en la red social X.
Por su parte, Abelardo de la Espriella manifestó en entrevista con Blu Radio que revisará la información y que sus abogados interpusieron un recurso frente al proceso de validación. El candidato aseguró que la recolección de apoyos se realizó sin respaldo económico de estructuras políticas tradicionales.
El pronunciamiento de la Registraduría se da en medio de un debate nacional sobre la transparencia y rigurosidad en la validación de firmas para las candidaturas presidenciales de 2026, un tema que continúa generando posiciones encontradas en distintos sectores políticos.
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