El senador JotaPe Hernández respondió a las denuncias del Gobierno y lanzó duras declaraciones sobre la financiación de la campaña presidencial. El congresista defendió sus críticas al Gobierno y reiteró su llamado a una investigación internacional sobre la campaña de Gustavo Petro.
El inicio del año político quedó marcado por una nueva confrontación entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición, luego de que un senador lanzara duras declaraciones que escalaron el debate más allá del Congreso y reavivaron la discusión sobre los límites del control político, la libertad de expresión y la financiación de campañas presidenciales en Colombia.
En medio de la controversia por las denuncias penales presentadas desde el Ejecutivo contra varios congresistas opositores, el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como JotaPe, salió al paso de los señalamientos y defendió sus pronunciamientos como parte de su función constitucional.
El congresista aseguró que las acciones del Gobierno buscan silenciar voces críticas y advirtió que judicializar opiniones políticas representa, a su juicio, un riesgo para la democracia. En ese contexto, sostuvo que los parlamentarios denunciados no hablan a título personal, sino en representación de miles de ciudadanos.
Durante una entrevista radial, Hernández elevó el tono del debate al referirse nuevamente a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Insistió en que existen interrogantes sin resolver sobre el origen de recursos mencionados en audios conocidos públicamente y sobre posibles vínculos con el régimen venezolano.
El senador afirmó que, junto con su equipo jurídico, solicitó formalmente a autoridades de Estados Unidos que analicen si hubo ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial y si estos podrían tener conexiones con economías ilegales que impacten territorio estadounidense.
En una de sus frases más polémicas, Hernández sostuvo que espera que la justicia actúe con severidad si se comprueba algún delito. “Quisiera que fuera capturado y que le cayera todo el peso de la ley”, dijo, aclarando que no se trata de una persecución política sino de una exigencia de investigación.
El congresista también expresó desconfianza frente a los mecanismos internos para investigar al presidente, como la Comisión de Acusaciones y la Fiscalía. Según explicó, esa falta de credibilidad es la razón por la cual decidió acudir a instancias internacionales.
Además, comparó la reacción del Gobierno frente a las críticas con prácticas autoritarias y aseguró que no se retractará de sus declaraciones ni de las acciones jurídicas emprendidas, pese a las consecuencias políticas y legales que puedan derivarse.
Las palabras del senador provocaron un intenso debate sobre el lenguaje en la política, el alcance del control al poder Ejecutivo y el impacto que este tipo de discursos tiene en la polarización del país, en un año que apenas comienza y que ya se perfila como uno de alta confrontación institucional.
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