A partir de 2026, los empleadores en Colombia podrán cumplir la obligación de pagar las cesantías consignándolas directamente en la cuenta bancaria del trabajador, sin necesidad de hacerlo exclusivamente a través de un fondo. El cambio, incorporado en la reforma laboral aprobada en 2025, introduce una modificación de fondo al esquema tradicional y genera debate sobre sus efectos en la protección económica de los empleados.
La reforma laboral aprobada por el Congreso en 2025 introduce una transformación significativa en la manera como se administran las cesantías en Colombia. Con la entrada en vigor de la Ley 2466, los empleadores podrán optar por pagar directamente este auxilio a los trabajadores, siempre que puedan demostrar el desembolso y que el uso de los recursos se ajuste a los fines previstos en la ley.
El nuevo marco legal redefine el concepto de cumplimiento de la obligación patronal. Según la norma, si el empleador transfiere el valor correspondiente a las cesantías al trabajador y este recibe el dinero de forma libre y voluntaria, no se configurará incumplimiento, aun cuando los recursos no hayan sido consignados en un fondo de cesantías. En estos casos, tampoco aplicarán sanciones ni intereses por mora.
Este esquema representa un giro frente al régimen anterior, que obligaba a consignar las cesantías en el fondo elegido por el trabajador antes del 14 de febrero de cada año. El incumplimiento de ese plazo generaba sanciones económicas automáticas para el empleador, independientemente de si el trabajador había recibido o no el dinero por otros medios.
Especialistas en derecho laboral han señalado que la reforma no elimina el derecho del trabajador a las cesantías, pero sí traslada parte de la responsabilidad de su manejo al empleado. Advierten que el pago directo debe realizarse bajo condiciones claras, documentadas y con pleno conocimiento del trabajador, para evitar interpretaciones erróneas o eventuales abusos.
Algunos analistas también alertan sobre el impacto que esta medida podría tener en la función protectora de las cesantías. Tradicionalmente, estos recursos han operado como un respaldo económico en caso de desempleo, precisamente porque permanecen inmovilizados en un fondo hasta que se presenta una contingencia o se autoriza su uso para vivienda o educación.
En cuanto a las obligaciones empresariales, la afiliación del trabajador a un fondo de cesantías se mantiene vigente. Además, la reforma conserva la posibilidad de que los empleadores consignen de manera anticipada el equivalente al 8,33 % mensual del salario en el fondo, lo que permite generar rendimientos financieros a lo largo del año.
El nuevo modelo implica ajustes tanto para empresas como para trabajadores. Mientras los empleadores deberán reforzar sus procesos de soporte y trazabilidad de pagos, los empleados estarán llamados a informarse sobre el manejo adecuado de estos recursos y sus implicaciones a largo plazo. Expertos coinciden en que la clave estará en la claridad, la documentación y la educación financiera para evitar conflictos y proteger los derechos laborales.
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