“No va a renunciar”: Roa se aferra a Ecopetrol en medio del escándalo

A un día de que la Fiscalía confirmara que avanzará con la imputación de cargos, el entorno jurídico de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, salió a despejar uno de los interrogantes centrales del debate público: su continuidad al frente de la petrolera estatal. La respuesta fue clara. No está en sus planes renunciar.

Así lo aseguró su abogado, Juan David León, quien en declaraciones a BLU Radio sostuvo que la situación jurídica de Roa no ha cambiado de manera sustancial y que, por ahora, no existe ninguna razón legal que lo obligue a apartarse del cargo. Según la defensa, la imputación anunciada no implica una afectación automática de su rol como directivo.

El anuncio de la Fiscalía estuvo a cargo del fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, quien confirmó que radicarán dos solicitudes formales de imputación contra Roa. Los procesos giran alrededor de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y un posible tráfico de influencias relacionado con negocios privados y contratos en Ecopetrol.

El primer frente judicial apunta a una supuesta violación de los topes de campaña. De acuerdo con la Fiscalía, existen pruebas que demostrarían un desborde en los límites legales de financiación, un punto que ya había sido objeto de sanción administrativa por parte del Consejo Nacional Electoral. Para el ente acusador, este capítulo cuenta con evidencia suficiente para avanzar en la imputación penal.

El segundo proceso se centra en una investigación por tráfico de influencias. Aquí, la Fiscalía examina si Roa habría favorecido a Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado, quien obtuvo un contrato en Ecopetrol tras haber participado, a través de una de sus empresas, en la compra de un apartamento propiedad de Roa en Bogotá.

Desde la defensa, León negó cualquier relación indebida. Aseguró que el negocio inmobiliario no tuvo como contraprestación contratos dentro de la petrolera y que el acercamiento entre la empresa de Mancera y una filial de Ecopetrol, Hocol, se limitó a un memorando de entendimiento sin valor contractual ni económico. También desestimó versiones sobre la supuesta contratación de una familiar de Mancera, señalando que su ingreso a Ecopetrol ocurrió antes de la llegada de Roa a la presidencia.

El abogado insistió en que su cliente enfrenta el proceso en libertad, ya que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento, y recalcó que la presunción de inocencia sigue vigente. En ese sentido, subrayó que cualquier decisión sobre una eventual salida de Ecopetrol corresponde exclusivamente al ámbito personal y al gobierno corporativo de la empresa.

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la compra del apartamento 901 en Bogotá, realizada por Roa pocos meses antes de asumir la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. La Fiscalía analiza si esa transacción pudo haber funcionado como un mecanismo para facilitar decisiones contractuales dentro de la compañía estatal, una hipótesis que la defensa califica como especulativa.

Según el ente acusador, aunque el inmueble pertenecía a una firma del inversionista Serafino Iacono, los pagos habrían sido realizados por una empresa vinculada a Mancera. El caso volvió a cobrar relevancia en marzo de 2024, cuando una empresa ligada a Iacono recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, un activo estratégico del sector energético.

En paralelo, la defensa prepara su estrategia frente al proceso por financiación irregular de la campaña presidencial. León adelantó que solicitarán un nuevo interrogatorio a Roa, apoyándose en lo que consideran inconsistencias en las cifras. Mientras el CNE estableció un desborde cercano a los 5.000 millones de pesos, la imputación penal se concentraría en cerca de 1.500 millones, una diferencia que será clave en la discusión judicial.

El expediente electoral señala que, solo en la primera vuelta, se habrían registrado ingresos irregulares por más de 1.500 millones de pesos, provenientes de organizaciones como Fecode, la USO e Ingenial Media. En la segunda vuelta, se habrían sumado otros 556 millones. A esto se añaden gastos no reportados por cerca de 3.700 millones de pesos, entre ellos pagos de pauta en Caracol Televisión y un evento en el Movistar Arena.

Con este panorama, el caso de Ricardo Roa entra en una nueva fase judicial que promete prolongarse y seguir generando impacto político y económico, mientras su defensa insiste en que no existe fundamento para su salida inmediata de Ecopetrol.