“Tiene que ser hoy sí o sí”: los supuestos chats que confirman la planeación del atentado

El ataque al senador Miguel Uribe Turbay no fue un acto improvisado. Detrás del disparo que casi le cuesta la vida había una serie de mensajes que hoy revelan lo que se cocinaba con horas de anticipación. El menor de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial ya está bajo custodia policial tras recibir un balazo en la pierna, y su celular se convirtió en la pieza clave del caso.

Entre los supuestos chats encontrados, uno sobresale por su frialdad: “Vamos a cobrarlo hoy, pero temprano”. La respuesta fue contundente: “Tiene que ser hoy sí o sí”. En los mensajes también se hablaba del escape, mencionando el uso de buses del SITP o plataformas de transporte para huir del lugar. La última palabra antes del ataque fue “Chuleamos”, confirmando que todo estaba listo.

Un disparo, una fuga fallida y un país en shock

El atentado se registró el sábado 7 de junio hacia las 5:30 de la tarde en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Mientras Uribe dialogaba con simpatizantes, el adolescente se acercó, le apuntó por la espalda y disparó. La escena quedó grabada en varios ángulos: la multitud corriendo, el caos, el senador herido… y el atacante huyendo cojeando tras ser impactado por un escolta.

El menor cayó minutos después, recostado boca abajo sobre el asfalto, mientras la Policía lo resguardaba de una posible agresión colectiva. El arma usada, una pistola tipo Glock, fue recuperada y será sometida a pruebas balísticas. La Fiscalía ya tiene en su poder los mensajes que confirman la planeación del crimen.

Miguel Uribe permanece en estado crítico en la Clínica Santa Fe. Aunque la bala ingresó por el parietal izquierdo del cráneo, no comprometió masa encefálica. Fue sometido a una cirugía compleja y, aunque el pronóstico sigue siendo reservado, los médicos han logrado estabilizar sus signos vitales.

Las autoridades continúan la cacería del segundo implicado y de quienes habrían orquestado el ataque desde las sombras. La recompensa por información asciende a 3.000 millones de pesos. La condena ha sido unánime: desde el gobierno nacional hasta expresidentes y voceros internacionales han exigido justicia en un país que aún no se repone del impacto.