Fiscalía imputará cargos al exgobernador Mauricio Aguilar por contrato de megacolegio

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia programó para este martes, 23 de septiembre de 2026, la diligencia judicial en la que se le formularán cargos penales al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. El proceso responde a las evidentes y graves anomalías administrativas detectadas en la estructuración, adjudicación y ejecución del contrato destinado a levantar la nueva sede del tradicional colegio Lucas Caballero, localizado en el municipio de Suaita, Santander, un convenio que superó un presupuesto inicial de 16 mil millones de pesos y que hoy languidece como un elefante blanco.

El ente investigador le endilgará formalmente al exmandatario el delito de peculado por apropiación, fundamentándose en las anomalías que rodearon la celebración del contrato número 3835 del año 2023. Dicho negocio jurídico fue entregado a la Unión Temporal Colucas 2022 a pesar del rechazo generalizado y la férrea oposición manifestada por la comunidad estudiantil y los habitantes de la localidad. Aunque el plazo pactado para la terminación de las obras era de doce meses, tres años y medio después de la rúbrica oficial, el contratista únicamente ha ejecutado labores de remoción de tierra y movimientos topográficos, sin haber levantado un solo ladrillo de la infraestructura educativa prometida a los jóvenes de Suaita.

La génesis de este fracaso contractual se remonta a severas fallas de planeación, estudios previos deficientes y diseños defectuosos heredados de una consultoría que en su momento fue contratada por el exalcalde Javier Chacón —ya fallecido—, quien era socio político y amigo personal del exgobernador Aguilar. Aunque el cronograma señalaba el 13 de febrero de 2024 como fecha límite de entrega, tan solo tres días después, el 16 de febrero, las obras fueron suspendidas con el pretexto de trasladar una red de media tensión y ajustar componentes estructurales indispensables.

La situación empeoró radicalmente cuando el actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz, intentó reactivar el proyecto a comienzos de su mandato. En ese momento intervino la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que mediante la Resolución RCA No. 0071 impuso una medida preventiva de carácter ambiental para ordenar la suspensión inmediata de las talas y remociones de capa vegetal. Los peritajes de la autoridad ambiental evidenciaron que los diseños aprobados contemplaban la construcción de edificaciones a una distancia de entre cuatro y ocho metros de las quebradas Chorreras e Inmaculada, cuando la normatividad exige una franja forestal protectora mínima de treinta metros. Los cálculos de la CAS revelaron que el 46 % del predio total es zona de reserva y que el 38 % de la infraestructura educativa proyectada se ubicaba ilegalmente dentro de dicha área protegida. Ante esta violación, la Gobernación intentó apelar para que la restricción se redujera a quince metros, pero la corporación ratificó la prohibición.

Dado que el 60 % de los recursos provenían del Sistema General de Regalías (SGR), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió el acto administrativo SDC 202444600 y la Resolución 2463 en agosto de 2024, ordenando la protección inmediata con la suspensión total de pagos. Incluso, la Nación sugirió a la administración departamental contemplar la liquidación anticipada del millonario contrato ante la inviabilidad técnica y jurídica. La Contraloría General de la República y el Ministerio Público también han desplegado visitas y seguimientos constantes desde mediados de 2024 para evaluar si se archiva el proyecto o se liberan los recursos.

Cabe destacar que esta constituye la segunda imputación penal que la Fiscalía adelanta contra Mauricio Aguilar Hurtado ante la Corte Suprema de Justicia. Previamente, el exgobernador fue procesado por las irregularidades detectadas en el contrato del Plan de Medios adjudicado al Canal TRO por más de 2.500 millones de pesos.