Hasta $50 millones por información tras crimen que sacude a Coromoro

La Gobernación de Santander ratificó la vigencia de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de integrantes de grupos armados ilegales que estarían actuando en distintas zonas del departamento.

La medida se mantiene tras el homicidio del ganadero Rubiel Cáceres Marín, ocurrido en zona rural del municipio de Coromoro, un hecho que encendió las alertas de las autoridades ante la posible presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta región del sur de Santander.

Desde la administración departamental se señaló que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y fortalecer las labores de inteligencia, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en áreas rurales, donde se han denunciado intimidaciones y acciones violentas contra la población campesina.

Las autoridades reiteraron que cualquier información suministrada será manejada bajo estricta confidencialidad y permitirá avanzar en las investigaciones judiciales, así como en las operaciones de la fuerza pública para desarticular posibles redes armadas ilegales que pretendan asentarse en el territorio.

El asesinato del ganadero Cáceres Marín generó rechazo institucional y social, al tratarse de un hecho que afecta directamente la tranquilidad y la actividad productiva del campo santandereano. Para las autoridades, este crimen representa una señal de alerta frente a eventuales intentos de expansión de grupos armados en la zona.

Por su parte, la Alcaldía de Coromoro expresó su solidaridad con la familia de la víctima y condenó de manera enfática los hechos de violencia que afectan a los campesinos del municipio. La administración local advirtió que este tipo de acciones generan temor entre las comunidades rurales y deterioran el tejido social.

Asimismo, desde el gobierno municipal se hizo un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y a las fuerzas militares y de Policía para que se refuercen las acciones de control y prevención, con el fin de evitar nuevos hechos violentos y garantizar la seguridad de los habitantes del sector rural.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de una respuesta articulada entre los niveles local, departamental y nacional, que permita contener cualquier amenaza contra el orden público y preservar la estabilidad en esta zona del departamento.