Santander - Octubre 19 de 2021 - 05:55 PM

‘Agarrón’ de Gobernador de S/der y Alcalde de la 'Bonita'

“Soy un hombre de leyes, soy un hombre de carácter, correcto”, fue lo que respondió el Gobernador de Santander frente a los señalamientos de presuntas irregularidades en la licitación de la vía La Virgen – La Cemento, hechos por el Alcalde de Bucaramanga. Continúa el rifirrafe.

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El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ‘rompió’ el silencio de cinco días que llevaba desde que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, lo acusara penalmente por presuntas irregularidades en la licitación para el tramo La Virgen – La Cemento del Norte de la ciudad.

Esta es una contratación que va por el orden de los 100 mil millones de pesos, liderada por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, el cual está bajo la titularidad de la Gobernación.

Hace una semana Cárdenas se dirigió a la Fiscalía para denunciar una supuesta falsificación en la documentación de las personas del comité evaluador de la licitación, y a través de redes sociales señaló: “no podemos permitir que el Clan Aguilar siga pretendiendo quedarse con la plata de los santandereanos”.

Con todo esto, Aguilar respondió con una transmisión en vivo, en la que insistió que es un “hombre de leyes, un hombre de carácter, correcto”, y le reclamó a Cárdenas sobre otros temas diferentes al contrato de La Virgen – La Cemento.

"El alcalde de Bucaramanga exige transparencia, pero no habla de los procesos de conectividad de alumbrado que adelantó casi en secreto en Bolsa mercantil y que suman casi 20 mil millones de pesos.

“Bucaramanga hoy tiene su peor cara, permeada por la delincuencia, encartonada en sus fachadas como consecuencia de acciones criminales, y la falta de autoridad del alcalde, quien tampoco tiene voluntad de salvar a Metrolínea que agoniza", señaló el Gobernador.

También le reclamó que al ir a los barrios, el burgomaestre bumangués regresa para “desinfectarse” rápido, mientras que él “sí va municipio por municipio de Santander”, interactuando, según dijo.

“Mi administración ha escuchado a los diferentes líderes de las comunas que vienen a la Gobernación porque no son escuchados en la Alcaldía, sin ruido ni cálculo mediático hemos venido trabajando por Bucaramanga temas como seguridad, desarrollo social y comunitario, cultura y turismo, educación, infraestructura, salud, TIC, inversiones que suman más de 135 mil millones de pesos", agregó el mandatario departamental.

Luego de dichas declaraciones, el alcalde Cárdenas publicó en su Twitter que entiende “la molestia personal de Aguilar con mis denuncias. Como Alcalde y miembro del comité del convenio 1113 tengo la responsabilidad de denunciar las irregularidades en la suplantación de tres integrantes del comité evaluador y que hayan descabezado el 90% de los proponentes”.

Añadió que “hoy inició de nuevo el proceso de evaluación para la licitación de la vía La Virgen-La Cemento y Palenque-Café Madrid. Estoy atento al proceso y solicité a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento para garantizar el buen manejo de la plata, sin direccionamientos”.

Respecto a las afirmaciones que hizo sobre la contratación de la Alcaldía, Cárdenas dijo “que siempre serán bienvenidos los entes de control como ha sucedido hasta ahora. Siempre damos respuesta sin ningún tipo de preocupación o prevención. Hoy somos ejemplo nacional en transparencia”.


Publicado por Redacción Local
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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