'Almuerzos inflados y contratos podridos': concejal revela nuevo escándalo
Con un celular en mano y el micrófono encendido, el concejal Carlos Parra llegó hasta la reja de una casa en Bucaramanga y se enfrentó, cara a cara, con quien sería un funcionario de la fundación señalada de cobrar almuerzos a $90 mil para damnificados.
El concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, se fue hasta donde supuestamente funciona la Fundación Pintando Huellas, el mismo lugar que hoy está en el ojo del huracán por cobrar corrientazos a 90 mil pesos como parte de un millonario contrato con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Desde la calle, con cámara en mano, Parra encaró a un hombre que, tras una reja, respondió de manera sarcástica a cada una de las preguntas hechas por el concejal.
La denuncia es directa: el contrato, que debía garantizar alimentación a familias damnificadas, terminó facturando refrigerios y almuerzos con sobrecostos absurdos.
Según documentos conocidos, una consola de sonido que cuesta medio millón fue comprada por 8 millones, y un almuerzo que podría valer 35 mil pesos fue cobrado a $127.500. Todo esto bajo la firma de la Fundación y con la bendición del entonces subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla.
Seguimiento a los corruptos
Mientras Pinilla era condenado a más de cinco años de prisión por otro escándalo —el de los carrotanques en La Guajira— este nuevo capítulo de corrupción sacudió a Bucaramanga. El concejal Parra, en su video publicado en redes, no se guardó nada: “¿Quién iba a pensar que en medio de un sector residencial se escondía un enclave de corrupción nacional?”, afirmó, señalando el lugar como la fachada de un contrato oscuro.
La Fiscalía y la Contraloría ya tienen el caso entre manos, y también aparecen mencionados otros nombres como Pedro Andrés Aguilar, representante legal de la Fundación, que según Cámara de Comercio no tenía experiencia para operar este tipo de contratos a nivel nacional.
Este nuevo escándalo se suma al rosario de irregularidades en la Ungrd, y mientras los ciudadanos siguen esperando justicia, los corrientazos de 90 mil pesos se convirtieron en el nuevo símbolo del despilfarro estatal.
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