Judicial - Mayo 07 de 2026 - 02:45 PM

Incautan 755 kilogramos de marihuana en la vía La Lizama – San Alberto

En Sabana de Torres, la Policía incautó 755 kilos de marihuana tras detener una camioneta. La seguridad ciudadana, la víctima en este flagelo, se vio protegida por el Coronel Néstor Arévalo. El conductor extranjero fue capturado con 914 paquetes que tenían como destino la ciudad de Riohacha.

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En una operación de gran envergadura contra las redes de narcotráfico que utilizan los corredores viales del departamento, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander lograron la interceptación de un cargamento masivo de alucinógenos en jurisdicción del municipio de Sabana de Torres. El operativo se desarrolló específicamente a la altura del kilómetro 56 de la arteria vial que conecta a La Lizama con San Alberto, punto estratégico donde los uniformados mantenían un puesto de control y verificación de vehículos particulares. En este lugar, las autoridades detuvieron una camioneta que cumplía con la ruta Ibagué – Riohacha, iniciando una inspección minuciosa que terminó por revelar el contenido ilegal que transportaba.


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Al proceder con la revisión del interior del automóvil, los agentes de policía descubrieron un total de 914 paquetes con forma rectangular y diversas dimensiones, los cuales estaban cuidadosamente dispuestos para su traslado hacia el norte del país. Tras el hallazgo, se activó de inmediato el protocolo de identificación de sustancias, mediante el cual se practicó la prueba preliminar homologada. El análisis técnico arrojó un resultado positivo para marihuana, confirmando un peso neto de 755 kilogramos del estupefaciente. Esta incautación representa un duro golpe a la logística de distribución de organizaciones criminales que pretenden inundar con drogas la región Caribe desde el interior del país.


Como consecuencia directa del hallazgo, las autoridades capturaron en flagrancia al conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad extranjera cuya identidad está bajo custodia procesal. El capturado, junto con la camioneta y la totalidad de la marihuana incautada, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los cargos asociados al tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes. La investigación ahora busca determinar si este cargamento pertenece a una estructura de alcance nacional con capacidad de movilizar grandes volúmenes de droga a través de las carreteras santandereanas.


El Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, Comandante del Departamento de Policía Santander, se pronunció sobre el éxito de esta intervención vial destacando la labor preventiva de sus hombres. “El Departamento de Policía Santander continúa desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y demás manifestaciones del multicrimen, afectando de manera directa sus finanzas ilícitas y evitando la comercialización de sustancias estupefacientes en diferentes regiones del país”, puntualizó el alto oficial. Con este resultado, la institución resalta que la vigilancia permanente en las vías es fundamental para interceptar las rutas de financiamiento delictivo.


Finalmente, la Policía Nacional enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el microtráfico y el narcotráfico a gran escala. Se extenderá una invitación formal a toda la comunidad para denunciar de forma oportuna cualquier actividad sospechosa o hecho delictivo que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia en el departamento. Para ello, se mantienen activos los canales de comunicación oficiales, garantizando que el flujo de información permita a las unidades de tránsito y transporte seguir asestando golpes operativos de esta magnitud en las vías nacionales.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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