País - Julio 22 de 2026 - 10:43 AM

A menos de dos semanas de irse, Gobierno declaró desastre nacional por Fenómeno de El Niño

El Gobierno declaró situación de desastre nacional para anticipar los estragos del fenómeno de El Niño en Colombia. Esto permite que el Gobierno Central ejecute contratación directa, reasigne presupuestos y agilice obras de infraestructura sin las trabas burocráticas ordinarias.

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En un esfuerzo institucional sin precedentes por adelantarse a los devastadores estragos climáticos que se ciernen sobre el país, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo aprobó por unanimidad la declaratoria de situación de desastre nacional en Colombia.

La decisión extraordinaria busca armar jurídicamente al Estado para contener las embestidas del fenómeno de El Niño, un evento meteorológico que, según los pronósticos científicos locales e internacionales, amenaza con convertirse en una de las sequías más extremas registradas en la historia reciente de la nación.

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El marco legal para sostener este decreto se fundamenta en la Ley 1523 de 2012, permitiendo que el Gobierno Central ejecute contratación directa, reasigne presupuestos y agilice obras de infraestructura sin las trabas burocráticas ordinarias. Frente a esta medida, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, argumentó que la ley ampara el principio de precaución ante la inminencia de un peligro previsible.

"No solamente se considera una situación de emergencia un hecho o una alteración que se ha materializado, sino la inminencia misma de una acción que requiere atención inmediata para proteger a las poblaciones", aseveró el funcionario.

Las alertas sobre la magnitud del evento fueron respaldadas con cifras contundentes por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología de la entidad, advirtió que el calentamiento de las aguas del Pacífico registra un aumento constante que podría derivar en un fenómeno de fuerza destructiva.

Este panorama coincide plenamente con los modelos globales del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, el cual anticipa una probabilidad del 100% de que El Niño se siga intensificando de manera continua durante todo el año 2026, comenzando un débil descenso apenas hacia el año 2027.

Ante la amenaza inminente a la seguridad alimentaria y al abastecimiento hídrico, las carteras ministeriales anunciaron de inmediato un plan de choque sectorial. La viceministra de Agua, Ruth Quevedo, alertó que más de la mitad de los municipios colombianos están en riesgo grave de desabastecimiento de agua potable, por lo que se ordenó la compra masiva de tanques de almacenamiento, el despliegue de flotas de carrotanques y la puesta en marcha de plantas desalinizadoras. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura destinó una bolsa de un billón de pesos para subsidiar la compra de fertilizantes, habilitando además líneas especiales de crédito con tasa preferencial para pequeños y medianos productores del campo.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ratificó que la motivación jurídica del decreto cuenta con un incontestable respaldo de la ciencia mundial. El mandatario advirtió que el país se enfrenta a un "Mega Niño" que exige proteger la vida humana, los ecosistemas y la fauna nacional. Como parte central de la estrategia para evitar un colapso en la generación eléctrica por el descenso de los embalses, Petro anunció que se democratizará la instalación de energía fotovoltaica, autorizando decretos de contratación rápida para que empresas nacionales e internacionales instalen soluciones de energía solar no interconectadas en un plazo máximo de seis meses.






Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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