País - Septiembre 15 de 2026 - 03:20 PM

Aterrador video de campesinos huyendo de un ataque de drones del Eln en el Catatumbo

Una incursión armada con drones cargados de explosivos sacudió a la vereda Buenos Aires en Pacelli, Tibú. La denuncia de ANIVICAC reclama garantías de derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, mientras las comunidades del Catatumbo aguardan el reporte oficial sobre víctimas y daños.

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Un video de 3 minutos y 20 segundos difundido en redes sociales registró el momento en que dos campesinos dedicados al cultivo de cacao en el corregimiento de Pacelli, municipio de Tibú, Norte de Santander, debieron dirigirse hacia el rastrojo para evitar ser impactados por una carga explosiva transportada por un dron.

En la grabación se escucha al hombre dar instrucciones a la mujer: “Mamí sálgase del camino, pa correr pa allá pa’l rastrojo, sálgase, sálgase, pa salir corriendo pa’l tanque, si la suelta, yo veo, ¡sálgase, corra que la soltó, corra que la soltó, ay poder, en nombre de Jesús, ay, ay, Cristo bendito, ay señor Jesús”. La carga cayó al suelo en un lapso de 13 segundos. Tras el impacto, la mujer preguntó: “¿Y ahora?”, a lo que el hombre respondió: “Métase pa acá pa la sombrita, donde no nos vea; ay señor Jesús, pero será que no asoma gente armada”. Posteriormente agregó: “Se está moviendo, sí, arriba está, ya se va, ya se va, bueno, mientras se va de carga, vámonos nosotros, padre Celestial. Vámonos, vámonos. Yo no sé qué será lo que no entiende esta gente, viendo que somos gente civiles, gente trabajadora. Dónde dejó el zapato, búsquelo, búsquelo, que mientras carga, nos vamos nosotros. Estamos trabajando acá en el cacao, si no corremos nos cae a nosotros, esta gente por qué no miran quién está acá”.

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La denuncia sobre esta incursión armada fue formulada públicamente por el defensor de derechos humanos Olguín Mayorga, quien utilizó sus redes sociales para alertar sobre la gravedad de la situación y emitir un llamado urgente al acatamiento de las garantías fundamentales y las normas del Derecho Internacional Humanitario en esa zona del departamento.

En su calidad de vocero de la Asociación Nacional de Víctimas (ANIVICAC), Mayorga expresó: “Exigimos desde la Asociación Nacional de Víctimas-ANIVICAC respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, el líder social requirió la intervención e inspección inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo de Colombia para hacer seguimiento a la vulneración de derechos en el territorio.

Hasta el momento, las comunidades y los organismos defensores de derechos humanos se encuentran a la espera de un reporte oficial por parte de la Fuerza Pública y las autoridades departamentales que permita precisar el desarrollo de las operaciones en la vereda Buenos Aires, así como consolidar el balance de eventuales personas lesionadas, víctimas mortales o daños materiales.

La Defensoría del Pueblo informó que los ataques con drones cargados con explosivos aumentaron un 146 % en el país durante el presente año. El organismo advirtió a través de su Sistema de Alertas Tempranas que estos dispositivos fuerzan el abandono de viviendas, suspenden la asistencia escolar, restringen la movilidad laboral e impiden el ingreso de misiones humanitarias. Asimismo, datos de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (CORPOREDDEH) indican que entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026 se registraron 124 personas afectadas por este tipo de ataques en Colombia, con un saldo de 25 fallecidos, de los cuales 18 pertenecían a la Fuerza Pública.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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