País - Septiembre 13 de 2026 - 10:57 AM

"Bendito menor era un problema para todos porque era difícil de controlar": alias 'Pinocho'

Naín Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', fue abatido en Riohacha por la Policía Nacional junto a Rosa Angélica Tarazona, alias 'la Bebecita'. Desde la Sierra Nevada, el líder de 'los Pachencas', alias 'Pinocho', declaró a Semana que Naín ignoraba las órdenes de la cúpula. Además confirmó que evalúa entregarse a las autoridades en los próximos días.

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La neutralización de Naín Pérez Toncel, conocido en el mundo delictivo con el alias de ‘Bendito Menor’, junto a su compañera sentimental Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias ‘la Bebecita’, y dos integrantes de su esquema de seguridad, se ha consolidado como una de las intervenciones operativas de mayor resonancia mediática durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El operativo de la Policía Nacional, desarrollado el pasado 4 de septiembre de 2026 en Riohacha, La Guajira, puso fin a la trayectoria de un dinamizador armado que destacaba por el uso desafiante de redes sociales.

En el marco de este acontecimiento, la periodista Salud Hernández, de la revista Semana, se adentró en la vegetación de la Sierra Nevada de Santa Marta para entrevistar a Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', vocero de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada —grupo también denominado 'los Pachencas'—. Durante el diálogo, 'Pinocho', cuyo hermano alias 'Muñeca' (máximo articulador de la estructura) permanece privado de la libertad, fijó una postura de distanciamiento frente a las actuaciones de Pérez Toncel, desmintiendo que ostentara un rango de alta comandancia en el grupo criminal.

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Castillo Carrillo relató que conoció la existencia de 'Bendito Menor' durante su permanencia de tres años en España, lugar donde fue capturado antes de retornar al país. De acuerdo con el testimonio de 'Pinocho', el mando central de los Conquistadores envió múltiples requerimientos a Pérez Toncel para frenar las amenazas públicas que difundía por plataformas digitales y exigir su asistencia a los consejos de la organización, instrucciones que el abatido ignoró sistemáticamente aprovechando el contexto de los diálogos de paz. "Él siempre hizo lo que quiso. Cuando lo mataron en Riohacha quedamos sorprendidos, porque nos decía que estaba en Venezuela", aseveró el entrevistado, calificando como una equivocación no haberlo expulsado a tiempo.

Asimismo, 'Pinocho' rechazó las versiones que vinculaban a la cúpula de los Pachencas con festejos en propiedades de lujo junto a 'Bendito Menor' y cuestionó el descuido operacional del abatido al publicar contenidos georreferenciados en Riohacha mientras afirmaba estar al otro lado de la frontera. Tras calificar como un desafío inadmisible al Estado las conductas de Pérez Toncel, el vocero paramilitar indicó que los frentes de la organización en La Guajira realizarán reuniones para designar un reemplazo en la zona, al tiempo que ratificó la contienda que libran contra la incursión del Clan del Golfo. Durante la entrevista, Castillo Carrillo manifestó su intención de someterse a la justicia bajo un marco legal de desmovilización, en un plazo de una semana otorgado por las autoridades.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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