Bombardeo de la Fuerza Aérea dejó ocho guerrilleros abatidos en el Guaviare

El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó a través de sus canales oficiales la ejecución de un «golpe contundente» contra una de las facciones armadas al mando de alias Calarcá, comandante principal del denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con lo informado de manera directa por el jefe de Estado en su cuenta oficial de la red social X, durante las primeras horas de la madrugada de este jueves 27 de agosto de 2026, las unidades de la Fuerza Pública llevaron a cabo la denominada Operación Amón. El despliegue militar se concentró en la zona rural del municipio de El Retorno, ubicado en el departamento del Guaviare, teniendo como objetivo principal una serie de campamentos utilizados por las estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño.

«Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare. Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño», expresó textualmente el mandatario nacional a través de las redes sociales.

En el balance oficial entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, se precisó que la maniobra inició con un ataque aéreo de alta precisión sobre los asentamientos de la organización al margen de la ley, seguido por la inserción en el terreno de tropas de comandos especiales de las Fuerzas Militares. La acción combinada dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas, calificadas por el Gobierno como «terroristas dados de baja». Asimismo, los uniformados lograron la incautación de un importante arsenal de guerra compuesto por 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia y logística militar.

El mandatario enfatizó que las operaciones de registro, control y combate continuarán de forma ininterrumpida en la zona rural de El Retorno, mientras las tropas del Ejército Nacional avanzan en las labores de consolidación del territorio. En sus declaraciones, De la Espriella envió una clara advertencia a las cúpulas de los grupos armados ilegales que operan en Colombia: «La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional».

Esta confirmación oficial se dio horas después de que el propio mandatario anticipara en sus redes sociales la ejecución del operativo, escribiendo previamente: «En un par de horas le confirmaré al país los resultados de una contundente operación militar realizada esta madrugada por nuestra Fuerza Pública. Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene».

Antecedentes directos: La Operación Beta en el Catatumbo

Este despliegue aéreo en el departamento del Guaviare representa el segundo bombardeo de gran escala autorizado por el gobierno de Abelardo de la Espriella en las primeras semanas de su mandato. El primer antecedente se registró durante la madrugada del pasado martes 11 de agosto de 2026, cuando el Ejecutivo ordenó un ataque militar en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, una franja fuertemente afectada por el accionar de diversas organizaciones armadas.

Aquel primer procedimiento, bautizado como Operación Beta, fue ejecutado por las Fuerzas Militares en zonas rurales situadas entre los municipios de Tibú y San Calixto. El objetivo central de la incursión aérea fueron las estructuras pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes entregados por el Ministerio de Defensa, la Operación Beta permitió la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres subterráneos, además de la incautación de armamento, material explosivo y aeronaves no tripuladas (drones) adaptadas para la guerra.

A pesar de los resultados estratégicos anunciados por el Gobierno en la zona del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de alerta sobre los impactos que la incursión aérea generó en la población civil. El organismo constitucional reportó que en la vereda El Sinaí, jurisdicción del municipio de San Calixto, al menos tres personas de la comunidad campesina resultaron con heridas de consideración, entre ellas una mujer de 44 años. Asimismo, la entidad documentó episodios de desplazamiento forzado de familias hacia el casco urbano del municipio de El Tarra.

Ante la situación de orden público en el nororiente del país, donde el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc sostienen violentos enfrentamientos por el control territorial que generan confinamientos y desplazamientos de comunidades, la Defensoría del Pueblo desplegó comisiones de verificación. De igual forma, solicitó de manera formal a la Fuerza Pública ajustar la planeación y evaluación de este tipo de maniobras militares con el fin de garantizar los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad contemplados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), asegurando que mantendrá la supervisión sobre las poblaciones afectadas tras el viraje en la política de seguridad nacional impulsada por la actual administración gubernamental.