David Murcia Guzmán, condenado por la pirámide DMG, engrosa la lista de reclusos de alto perfil en Palogordo

Fue un traslado de noche y sin aviso. Murcia Guzmán entró a Palogordo el sábado 29 de agosto, esposado, con camisa naranja y el cabello largo, según las imágenes divulgadas por Noticias Caracol. Quedó en el área de recepción del penal, a la espera de que una junta de médicos y profesionales del área psicológica definiera en qué pabellón lo ubicaban. Se habló de los patios siete u ocho, pero eso no lo ha confirmado la dirección del establecimiento. Tampoco hay resolución pública del Inpec, ni comunicado, ni una razón oficial: la Junta Asesora de Traslados es la que autoriza estos movimientos y hasta ahora no ha dicho nada.

Para quien no vivió el episodio o lo recuerda de lejos: DMG fue una empresa que entre 2007 y 2008 le prometía a la gente devolverle hasta el 300 % de lo que invirtiera en seis meses. Miles de personas le entregaron sus ahorros. La estructura se cayó en noviembre de 2008, Murcia Guzmán fue capturado y desde entonces no ha vuelto a la calle. La Fiscalía estableció que la captadora recogió cerca de 2.000 millones de dólares y alcanzó a operar en Panamá, Venezuela y Ecuador.

Hay una cifra que conviene aclarar, porque circula equivocada. En diciembre de 2009 un juzgado de Bogotá lo condenó a 30 años y 8 meses por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero. Pero esa pena no es la que rige. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revisó la dosificación, encontró que los jueces habían sumado dos aumentos de pena que no podían aplicarse al tiempo y dejó la condena en 22 años, 10 meses y 15 días, más una multa que supera los 25.700 salarios mínimos. En medio de todo eso fue extraditado y cumplió en Estados Unidos una pena de 9 años y 3 meses. Volvió al país en 2019 a terminar de pagar lo de acá.

Y ahí está el pleito que sigue abierto. El 20 de abril la defensa le pidió al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá que Colombia reconozca la condena ya cumplida en Estados Unidos y, con eso, declare extinguida la pena colombiana. En cristiano: que lo dejen libre. El caso también volvió a los titulares en febrero, cuando Murcia Guzmán aseguró en una entrevista con El Reporte Coronell que denunció penal y disciplinariamente a Abelardo de la Espriella, su antiguo abogado y hoy presidente de la República. Son afirmaciones del condenado, no hechos probados en un despacho judicial. Vale recordar además que una denuncia anterior suya contra el hoy mandatario fue archivada en 2010, decisión que el apoderado del presidente ha citado para sostener que no hubo irregularidades en el ejercicio de la defensa.

Lo que sí es un asunto de acá es el penal que lo recibió. Palogordo, en zona rural de Girón, se convirtió este año en el destino nacional de los presos de alto perfil, y la factura de seguridad la está pagando el área metropolitana. El 6 de agosto, sobre una vía destapada a 600 metros de la portería, asesinaron a bala al funcionario del Inpec Efraín Quesada Urrego cuando llegaba a trabajar; la Gobernación de Santander ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa. Semanas antes habían desactivado una granada en el acceso. Dos días después del crimen llegaron 17 internos de alto perfil desde Itagüí, parte de los 117 traslados dispuestos por el nuevo Gobierno, y el sindicato salió a pedir garantías. El país manda a Girón a los presos que no quiere tener cerca, pero el refuerzo para quienes los custodian —y para las veredas vecinas— todavía no aparece.