País - Agosto 24 de 2026 - 04:00 PM

Directora del Icbf criticó a las 'feministas de cartel' tras polémica por cambiar la palabra "niña" por "niñez"

La directora del ICBF, Carolina Restrepo Cañavera, desató duras críticas tras retirar un mural e instruir el reemplazo del término «niña» por «niñez». Ante los reclamos feministas, la funcionaria defendió el lenguaje neutro, tildó de pose al «feminismo de cartel» y reivindicó su libertad de expresión.

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La controversia por la política de comunicación e intervención de espacios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) escaló al debate público nacional tras las recientes determinaciones adoptadas por la alta dirección de la entidad. La directora general de la institución, la funcionaria María Carolina Restrepo Cañavera  quedó en el centro de una aguda polémica institucional y social luego de haber ordenado de forma expresa el retiro y desmonte de un mural ubicado en las instalaciones de la Dirección General del ICBF. De manera paralela, la ejecutiva dispuso la eliminación y prohibición del uso oficial de la palabra “niña” en la producción documental y discursiva de la entidad, argumentando que dicha medida busca consolidar “un lenguaje institucional claro e incluyente”.

Tales decisiones provocaron una inmediata y contundente ola de cuestionamientos y críticas dirigidas por parte de diversos sectores feministas, así como de organizaciones y colectivos defensores de los derechos de los niños y de las niñas en Colombia. Los detractores de las medidas sostienen que la supresión explícita del término femenino vulnera visibilidades históricamente conquistadas en las políticas públicas de infancia. Ante el volumen de los señalamientos recibidos, la directora Carolina Restrepo Cañavera decidió responder públicamente a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), abriendo una abierta confrontación conceptual en la que cuestionó duramente lo que catalogó de manera directa como “feminismo de cartel”.

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En sus publicaciones en la mencionada red social, Restrepo Cañavera manifestó abiertamente su cansancio frente a las posturas de ciertos sectores. “Me cansan las feministas de cartel. Las que creen que el feminismo es una pañoleta, un color o una consigna”, indicó textualmente la alta funcionaria. A través de ese mensaje, la cabeza estratégica del ICBF argumentó que la causa del feminismo representa un trasfondo de mayor peso histórico y político, aseverando: “El feminismo es mucho más que eso. Es la historia de mujeres que dieron luchas enormes para que pudiéramos estudiar, votar, trabajar, decidir, dirigir y competir en las mismas condiciones que los hombres”.

En el mismo hilo de declaraciones, la directora del instituto advirtió que a su juicio se está presentando una trivialización del legado histórico del movimiento de mujeres, transformándolo en una simple actitud cosmética. Por tal motivo, Restrepo Cañavera sostuvo enfáticamente que la equidad no puede ser tratada como una moda ideológica ni como un elemento ornamental: “Trivializan esa historia y la convierten en una pose. El feminismo no es una utilería ni una moda ideológica. Su esencia, por encima de cualquier consigna, es una sola, la igualdad”, sentenció la servidora pública.

Asimismo, frente a las voces que le exigían moderación o reserva en sus respuestas por el hecho de liderar una entidad estatal de primer orden, la funcionaria rechazó que el ejercicio del cargo limite su capacidad de pronunciamiento o su derecho a la réplica pública. “Ser servidora pública me impone deberes; no me despoja de derechos. No perdí mi libertad de expresión al asumir un cargo público, ni renuncié a mi derecho a responder, opinar o defenderme”, expresó Restrepo Cañavera. En esa misma línea argumentativa, replicó contra quienes pretenden condicionar sus declaraciones institucionales o personales: “Usted puede estar de acuerdo o no con lo que digo; lo que no puede pretender es decidir cuándo puedo hablar o exigirme que guarde silencio por ser funcionaria. Servidora pública, sí. Ciudadana con derechos, también”.

El trasfondo formal de la medida adoptada dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), encabezado por la directora María Carolina Restrepo Cañavera, se remonta al anuncio efectuado el 20 de agosto de 2026, fecha en la que la entidad oficializó una nueva directriz orientada a fomentar un lenguaje claro e incluyente en todos sus procesos administrativos. Tras la generación de cuestionamientos masivos a raíz de esta directriz, Restrepo Cañavera utilizó nuevamente su perfil de X para cuestionar la lógica de los reclamos. La servidora pública manifestó su asombro ante las posturas que señalan que la palabra “niñez” pudiera marginar al género femenino, argumentando que el debate excluye la visión masculina. “Me sorprende tanta preocupación porque supuestamente hablar de ‘NIÑEZ’ invisibiliza a las niñas. ¿Y los niños? ¿Ellos sí pueden ser invisibilizados?”, escribió la funcionaria, reafirmando que la elección del vocablo responde a un criterio universal: “Precisamente hablo de NIÑEZ porque incluye a niñas y niños, a todos, sin excluir a nadie”.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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