País - Septiembre 04 de 2026 - 03:02 PM

¡El sanguinario 'influencer' del crimen!: ¿Quién era 'Bendito Menor', el sujeto abatido por las Fuerzas militares?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor (26 años), era el líder de las Acsn en La Guajira. Buscado por narcotráfico, homicidios grabados en video y extorsiones, alcanzó notoriedad por desafiar al presidente Abelardo de la Espriella en redes sociales antes de caer en un operativo con apoyo de EE. UU.

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Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el ámbito criminal bajo los alias de «Naín» o «Bendito Menor», se consolidó como uno de los máximos y más visibles cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), estructura armada ilegal identificada históricamente como «Los Pachenca». A sus 26 años de edad, el sujeto era catalogado por los organismos de inteligencia del Estado como un objetivo militar de alto valor debido a su control y coordinación de redes delictivas concentradas en el norte de Colombia, con una incidencia profunda en el departamento de La Guajira.

El expediente judicial elaborado por la Fuerza Pública lo vincula directamente con la gestión de diversas economías ilícitas, entre las que destacan el tráfico internacional de drogas, la extorsión a comerciantes y comunidades, el homicidio selectivo y el lavado de activos. Un rasgo definitorio en el accionar de Pérez Toncel fue el uso deliberado del terror digital y la exposición mediática: según las investigaciones oficiales, su nombre quedó trágicamente asociado a la difusión de imágenes violentas en plataformas virtuales, donde registraba y publicaba en video los asesinatos de sus víctimas a manera de mecanismo de intimidación y control territorial.

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Su notoriedad pública se amplificó por la hiperexposición de su vida privada y delictiva en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. A través de estas plataformas, el jefe paramilitar difundía material fotográfico y audiovisual donde aparecía portando armamento de alto calibre, desplazándose en vehículos de lujo y realizando recorridos armados por zonas urbanas y rurales de La Guajira, destacándose un episodio en julio de 2026 cuando condujo una motocicleta durante una caravana por las calles céntricas de Riohacha, a pesar de las órdenes de captura vigentes en su contra.

Esta presencia digital fue utilizada por alias «Bendito Menor» para desafiar de manera directa al Gobierno Nacional y a la cúpula política. El cabecilla emitió constantes mensajes intimidatorios contra dirigentes, dirigiendo ataques directos al presidente Abelardo de la Espriella, a quien llegó a imitar en tono burlesco y desafiar desde su época de campaña electoral. La tirantez escaló en agosto de 2026, cuando publicó una fotografía acompañada por la consigna explícita de declararse «anti Abelardo», justo después de que el Ejecutivo lo incluyera en la lista de los criminales más buscados del país y fijara una recompensa de hasta $1.000 millones por información sobre su paradero.

La trayectoria de este objetivo prioritario concluyó mediante un operativo conjunto liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional con el soporte técnico y logístico de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La neutralización de Pérez Toncel asesta un impacto directo a la estructura de mando de «Los Pachenca» en el Caribe colombiano, clausurando la ostentación pública con la que el delincuente pretendió retar la autoridad del Estado.


Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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