País - Agosto 12 de 2026 - 10:24 AM

El terremoto en Colombia ya deja 250 muertos, 1.300 heridos y cerca de 2.000 desaparecidos

El terremoto de 7,4 deja 250 muertos, 1.300 heridos y 2.000 desaparecidos en Colombia según la UNGRD. Medicina Legal ha recibido 180 cuerpos e identificado a 93 víctimas en Manizales, Pereira, Cali, Quibdó y municipios vecinos.

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El balance general de la catástrofe provocada por el violento terremoto de magnitud 7,4 que impactó al territorio colombiano el pasado lunes 10 de agosto ha mostrado un trágico incremento, alcanzando la cifra de 250 personas fallecidas, de acuerdo con las consolidaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los reportes difundidos por la Radio Nacional de Colombia. La emergencia sísmica, cuyo epicentro fue localizado en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó —catalogado por las autoridades técnicas como el movimiento telúrico de mayor intensidad registrado en el país durante la última década—, deja además un saldo de más de 1.300 personas lesionadas y aproximadamente 2.000 ciudadanos reportados en calidad de desaparecidos.

En los departamentos de la zona occidental y central de Colombia, las brigadas de socorro y unidades de rescate urbano se mantienen desplegadas entre los escombros de cerca de un centenar de edificaciones residenciales e institucionales que sufrieron colapso estructural. Mientras los operativos buscan dar con posibles sobrevivientes en los frentes de trabajo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desplegó un protocolo de inspección y necropsia para avanzar en la identificación de las víctimas mortales extraídas de las áreas de desastre.

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Con corte a la noche del martes 11 de agosto, Medicina Legal confirmó la recepción de 180 cuerpos sin vida provenientes de zonas críticas ubicadas en los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Del total de cadáveres ingresados, los peritos forenses han logrado la identificación plena de 93 ciudadanos. Este procedimiento de cotejo y entrega a sus allegados se realiza bajo la articulación de la Fiscalía General de la Nación y las administraciones municipales competentes, distribuyendo la atención en las morgues y sedes regionales de Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó.


Víctimas identificadas por ciudades

Manizales

Fernando Alonso González

Catalina Arango Sandoval

Óscar de Jesús Henao Marín

Luis Alberto Duque Cortés

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas

Julián Andrés Mejía Moreno

Sandra Patricia Chica Montoya

Gilberto de Jesús Giraldo López

Pilar Jiménez Toquica

Sergina Moncada Aguirre

Argensola del Socorro González Gutiérrez

Paula Andrea Franco Bustamante

Dargui González Guerrero

Ángela María Acosta González

Juan Manuel Toro Sánchez

Wilson de Jesús Largo Trejos

Luis Fernando Ossa Hernández

Pedronel Díaz Díaz

Aracelly Daza Valencia

Derly Angélica Martínez Flórez

Vanessa Gómez Molina

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía

Kevin Styven Álvarez Mosquera

Rosa Angélica Maya Maya

María Mariela Granada Echeverry

Guillermo Orrego Flórez

Blanca Libia Hincapié Londoño

José Fernando Valencia Cañas

Nubredin Ortiz Londoño

Paula Milena Villaneda Franco

Sorley Aracelly Villa Guevara

Juan Carlos Urquijo

Aleida Campiño Trujillo

Magola Quiceno López

Andrea Carolina Puliche Blandón

Mariana Santa Gómez

Pablo Andrés Rivera Avirama

María Dalila Moncada Aguirre

José Fernando Granada Gutiérrez

Juan Carlos Aristizábal López

Sigifredo Heredia Manzo

María Leticia Hernández Rendón

Fanny Moncada Aguirre

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez

Sofía Martínez

Floralba Londoño Pulgarín

Martha Lucía Gómez Grisales

Daniela Gutiérrez Tangarife

Juan José Zapata Chica

Jesús Emilio Castro Hincapié

María Valeria Arcila Roldán

María Elvia Ruiz de Jiménez

María Estrella Benítez Herrera

Valentina Gallego Osorio

Jhon Jairo Zuluaga

María Rosalba Morales Batero

Anselmo Guevara Navarro

Carlos Alberto Jaramillo Duque

Julián Arango Hernández

Jorge Luis Muñoz Marín

María Catalina López

Teresita Meza de López

Iván Felipe Morales Grajales

Flor María Martínez de Chaux

María Cristina Giraldo Hernández

Gloria Amparo Monsalve Álvarez

Ceneida Ramírez Arango

Richard Alejandro Cardona Cañaveral

Leidy Marcela Morales Arias

Ofelia Franco de Zapata

Luz María Hinestroza Rentería


Buenaventura

Mabel Cristina Carvajal Posada

Martha Patricia Correa Grueso

Carlos Alberto Rosero Pretel


Buga

Paola Andrea Quintero Daza

Jesús Alfonso González


Cali

Míriam Del Socorro Quintero Ramírez

Míriam de Jesús Wilches de Palacio

Ángela Julieth Muñoz Torres


Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga

Daniela Sánchez Morales

Juan Antonio Galeano Restrepo

Juan Camilo Moreno Sánchez

John Ricardo Parra Blandón

Yonny Rocío Salas Duque

María Daniela Ruiz Hinestroza

Keisy Lidsay Parra Sánchez

Bertha Roa Ramírez

Horacio Antonio Mosquera Mena


Luis Alberto Rivas Salguero


Las autoridades nacionales enfatizaron que las cifras y consolidados mantendrán variaciones operativas a medida que avancen las remociones de escombros en los cien edificios destruidos, se atiendan a los más de 1.300 heridos en las redes hospitalarias y se logren establecer avances sobre el paradero de los 2.000 ciudadanos reportados como desaparecidos tras el evento telúrico.

Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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