Es un 'autoatentado' para que Petro pueda hacer campaña: De la Espriella

Las declaraciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella encendieron el debate político tras conocerse la decisión de la representante Gloria Elena Arizabaleta de radicar un auto mediante el cual solicita la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en el marco de una investigación relacionada con una presunta participación en política.

La actuación generó una inmediata controversia en distintos sectores políticos y jurídicos del país, especialmente por las dudas planteadas sobre la competencia de la Comisión de Acusación para adoptar una medida de esa naturaleza contra el jefe de Estado.

Uno de los primeros en reaccionar fue Abelardo de la Espriella, quien cuestionó duramente la iniciativa y aseguró que carece de sustento constitucional. Según afirmó, la decisión no solo sería jurídicamente improcedente, sino que podría terminar favoreciendo políticamente al mandatario en medio de la recta final de la campaña presidencial.

“Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro, para que pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”, manifestó el candidato.

La polémica surgió después de que se conociera el documento mediante el cual se plantea la suspensión temporal del presidente hasta el próximo 21 de junio, dentro de una actuación relacionada con presuntas conductas de participación en política.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional han señalado que una medida de este tipo enfrentaría serios cuestionamientos jurídicos. Diversas interpretaciones sostienen que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no tendría facultades para ordenar la suspensión de un presidente en ejercicio, atribución que correspondería al Senado dentro del procedimiento constitucional previsto para investigar y juzgar al jefe de Estado.

Sobre ese punto, De la Espriella insistió en que la actuación excede las competencias legales de la corporación. “La Cámara de Representantes no tiene ninguna competencia legal o constitucional para suspender al presidente. Esa facultad es exclusiva del Senado. Lo que acaba de ocurrir constituye un hecho abiertamente contrario al orden constitucional”, aseguró.

El candidato también sostuvo que la situación debe analizarse en un contexto más amplio relacionado con el proceso electoral que vive el país. Según su interpretación, los hechos recientes representan una amenaza para la institucionalidad democrática y para las garantías de transparencia electoral.

“Lo he dicho desde hace años: Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Más de 10 millones de colombianos hablaron en las urnas y es el momento en que el presidente no reconoce el resultado electoral”, afirmó.

Asimismo, De la Espriella acusó al Gobierno Nacional de utilizar recursos y actividades oficiales con fines políticos para favorecer la candidatura presidencial de Iván Cepeda. En sus declaraciones sostuvo que existiría un intento por alterar las condiciones de competencia electoral.

“Petro sabe que ya perdió en las urnas y en la institucionalidad. No tiene cómo ganar democráticamente y por eso busca alterar las reglas del juego”, expresó.

Ante este panorama, el aspirante presidencial solicitó la intervención de los organismos de control, las altas cortes, las instituciones del Estado y observadores internacionales para garantizar la transparencia del proceso electoral y el respeto por las normas democráticas.

“Exijo a las instituciones que cumplan su deber constitucional. Le pido a la comunidad internacional que ponga sus ojos sobre el proceso electoral colombiano, porque aquí se está fraguando un golpe contra la voluntad popular”, indicó.

Finalmente, Abelardo de la Espriella hizo un llamado a sus seguidores para que cualquier defensa de las instituciones se realice dentro de los canales legales y constitucionales establecidos. “La Constitución se defiende con firmeza, con unidad y con determinación. No vamos a permitir que se roben la democracia. Hoy más que nunca debemos estar firmes por la patria”, concluyó.

Mientras continúan los debates jurídicos y políticos sobre el alcance de la actuación presentada por Gloria Elena Arizabaleta, distintos sectores esperan pronunciamientos oficiales que permitan aclarar el trámite y las competencias constitucionales aplicables en este caso.