Tras entregar su celular a la Fiscalía para peritaje del CTI, Deicy Jiménez afirmó que denunció una red de favores tras obtener garantías. La joven de 26 años rechazó fines personales e insiste en revelar la verdad tras recibir más de $130 millones en vinculaciones directas con el Estado.
Una jornada decisiva en el avance de las indagaciones judiciales se registró este jueves 5 de noviembre de 2026. Deicy Jiménez, de 26 años de edad, se presentó personalmente en las dependencias de la Fiscalía General de la Nación —en la sede del búnker en Bogotá, donde despachan los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia— para rendir su declaración formal y hacer entrega física de su teléfono celular, elemento con el cual busca respaldar las denuncias públicas sobre presuntos favores contractuales a cambio de relaciones personales con el expresidente Gustavo Petro Urrego, en el expediente conocido en la opinión pública como los 'sexocontratos'.
La diligencia ante el ente investigador se extendió por 15 horas y 45 minutos. Durante el procedimiento, peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron la extracción forense de los archivos contenidos en el dispositivo, incluyendo videos, registros de mensajería instantánea de WhatsApp y textos dirigidos a verificar la veracidad del testimonio presentado ante el alto tribunal.
Al término de la extensa jornada, Jiménez emitió un pronunciamiento público en sus redes sociales en el que enfatizó que su actuación no obedece a intereses personales ni a la búsqueda de figuración mediática, declarando: “Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”, expuso Jiménez.
Asimismo, la denunciante sostuvo que esperó el momento oportuno para hablar al contar con las garantías de seguridad necesarias, añadiendo: “Desde el día en que dije NO, sabía que tenía que denunciar. Pero ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo? Hoy estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.
Paralelamente al desarrollo del trámite probatorio en la Fiscalía, la revisión de los antecedentes de contratación de Jiménez reveló un histórico de órdenes de servicio otorgadas mediante la modalidad de contratación directa entre 2023 y 2026, las cuales acumulan un monto superior a los $130.000.000 durante un período de cinco años para labores de apoyo administrativo, digitación y gestión de archivo. El desglose documental señala que su primer contrato se suscribió en marzo de 2023 con el Senado de la República por $7.000.000 para el área de archivo institucional, seguido por una asignación en septiembre de ese mismo año (radicado CDPS-SEN-695-2023) por $34.000.000 con destino a la Primera Vicepresidencia de la corporación, en ese entonces bajo la dirección de la congresista María José Pizarro.
La secuencia de vinculaciones laborales continuó en dependencias del poder Ejecutivo: en junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le adjudicó un contrato por $18.000.000 para la delegatura de control. Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior emitió un certificado de idoneidad que dio origen al contrato 1826 de 2025 por $11.151.338 para la consolidación de informes de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Esa misma orden de servicio fue renovada por el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026 por un valor de $30.000.000 con vigencia hasta el 31 de diciembre. Los expedientes laborales consignan que Jiménez acreditó el título de bachiller académico del colegio Capacitación 2.000 y experiencia en el sector audiovisual independiente.
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