Exconsejera de Petro aseguró que la usaron como cortina de humo para robarse $2 billones de la Ungrd

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, reapareció públicamente tras la reciente publicación de El libro de la verdad por parte de la administración del presidente Abelardo De La Espriella. A través de un pronunciamiento difundido en la red social X, la exfuncionaria sostuvo que el proceso judicial emprendido en su contra operó como una “cortina de humo” diseñada para ocultar la verdadera dimensión del desfalco sistemático en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno de Gustavo Petro.

La controversia escaló tras la divulgación del informe del Ejecutivo sobre la auditoría e investigación a la gestión de emergencias, donde el presidente De La Espriella expuso que cerca de $900.000 millones fueron ejecutados sin recurrir a la figura de urgencia manifiesta, sumado al extravío de trazabilidad de otros $1,3 billones. Ante estas cifras, Ortiz cuestionó los señalamientos formulados en el documento oficial argumentando: “Mi caso fue la cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo de la UNGRD”, añadiendo que la atención mediática focalizada en su nombre desvió la mirada pública de las irregularidades multimillonarias dentro de la entidad y reclamando una indagación judicial de carácter integral.

El proceso que vincula a Sandra Ortiz con el entramado de corrupción se originó en los testimonios entregados a la justicia por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Ambos procesados la señalaron de actuar como enlace para llevar $3.000 millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el propósito de asegurar el trámite y aprobación de las reformas gubernamentales en el Congreso. La misma línea de investigación salpicó al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por la supuesta recepción de $1.000 millones, hecho por el cual permanece recluido en la cárcel La Picota.

En su reciente declaración, Ortiz enfatizó que el caso no debe analizarse mediante episodios aislados. Reveló que la suma de $4.000 millones entregada a los congresistas habría tenido su origen en un préstamo suscrito con un particular, obligación financiera que posteriormente habría sido saldada con recursos públicos destinados formalmente a la adquisición de la flota de 40 carrotanques para el abastecimiento de agua en el departamento de La Guajira.

Las declaraciones de la exconsejera coinciden con la presentación de El libro de la verdad, un reporte técnico donde el gobierno de Abelardo De La Espriella sintetizó 10 denuncias centrales sobre presuntas anomalías en la administración anterior, condensando los hallazgos más críticos de un empalme independiente que revisó 80 observaciones. En el ámbito energético, el documento resalta el deterioro financiero de la empresa Air-e, cuyo patrimonio cayó de $2,22 billones en 2023 a un saldo negativo de $377.662 millones en 2025, acumulando pérdidas por $2,5 billones.

En materia fiscal, el informe incluyó advertencias formuladas por la Contraloría sobre el manejo de la deuda pública, luego de que se elevara del 50% al 100% el límite de adjudicación por emisor de Títulos de Tesorería (TES), decisión que incrementó el riesgo financiero del país. Respecto a la Ungrd, la auditoría oficial identificó que durante el periodo de Petro solo se ejecutó el 4,3% del presupuesto asignado de $15,3 billones, dejando además un saldo pendiente de reintegro por $240.766 millones vinculados al escándalo de los carrotanques.

Finalmente, el documento del Ejecutivo detalló presuntas irregularidades contractuales en el departamento de La Guajira, donde entre 2022 y julio de 2026 se suscribieron 1.085 contratos por $11,78 billones al amparo de la Sentencia T-302 para la infancia wayúu, sin registrarse avances verificables. Asimismo, se denunció la existencia de "nóminas paralelas" mediante la firma de aproximadamente 900.000 contratos de prestación de servicios, generando un pasivo contingente cercano a los $15 billones. El Gobierno nacional confirmó que la totalidad de estos hallazgos será puesta a disposición de los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación.