Exdirector de Inteligencia de Petro confesó que hizo pagos a guerrilleros a cambios de información

La filtración de una serie de grabaciones a mediados de agosto de 2026 puso en el centro del huracán político al entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, tras quedar al descubierto una reunión clandestina con el denominado “Narcochofer”, un enlace recurrente entre los carteles de la mafia colombiana y el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En los audios, destapados por la revista Semana, se discute de manera explícita la promesa de entregar bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de interferir en procesos de captura judicial a cambio de información estratégica, un acuerdo que, según el testimonio del criminal, había sido pactado inicialmente con Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y posteriormente ratificado por Lemus durante dicho encuentro.

Antes de que saliera a la luz el contenido de la cinta, Lemus concedió una entrevista al mismo medio en la que reconoció la existencia de este tipo de acercamientos con actores al margen de la ley, justificándolos bajo los protocolos orientados a la recolección de datos para la seguridad nacional. No obstante, el exfuncionario defendió que las promesas proferidas por los agentes estatales operaban únicamente como un anzuelo táctico para engatusar a las fuentes y obtener información, sin que mediara una ejecución real de lo ofrecido: “Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información”, declaró el exjefe de la DNI al admitir que las gestiones ante la SAE nunca pasaron de ser menciones retóricas dentro de la negociación.

Al ser interrogado sobre el supuesto rol de Augusto Rodríguez en las promesas de otorgar bienes incautados y frenar capturas —funciones que por mandato constitucional competen de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación—, Lemus desmarcó su gestión de la del exdirector de la UNP, asegurando que jamás dialogó con él sobre ese episodio y expresando su convicción de que Rodríguez tampoco realizó trámites reales ante la SAE. El exdirector insistió en que los ofrecimientos de esta naturaleza no formaban parte de las herramientas autorizadas de su despacho y reiteró que ningún beneficio patrimonial o institucional llegó a concretarse: “Nunca se materializó ninguna, ni siquiera la entrevista con la SAE”, aseveró, agregando que desestimó otros intentos de mediación con la Fiscalía por salirse del marco legal de sus competencias.

Pese a negar que el “Narcochofer” hubiera recibido beneficios económicos o bienes estatales, Lemus confirmó abiertamente que la DNI sí ejecutaba pagos recurrentes a informantes y redes de apoyo clandestinas, estableciendo una distinción técnica frente a los programas de recompensas militares: “Recompensas paga el Ejército”. El exfuncionario detalló que la erogación de recursos a fuentes se concentró principalmente en zonas periféricas del país, amparando bajo este esquema a informantes vinculados directamente con estructuras guerrilleras y bandas de delincuencia organizada: “Fuentes sí se pagaban, por lo general ni siquiera aquí en Bogotá, por fuera, especialmente con fuentes de los mismos guerrilleros, la misma delincuencia”. De este modo, el escándalo dejó expuestas las prácticas de negociación gris empleadas por las altas esferas de inteligencia del Estado colombiano para penetrar a los grupos armados ilegales.