Exfiscal afirma que la fiscal general le ordenó retirar el delito de lavado de activos a Nicolás Petro

Declaraciones de alto impacto político y judicial sacudieron el expediente penal contra Nicolás Petro Burgos, luego de que la exfiscal Lucy Laborde —quien tuvo bajo su responsabilidad la investigación contra el hijo del mandatario— afirmara públicamente que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le ordenó de manera directa retirar el delito de lavado de activos del escrito de acusación.

De acuerdo con el testimonio entregado por Laborde en una entrevista concedida a la revista Semana, la instrucción se habría impartido en el marco de una reunión de trabajo llevada a cabo en el propio despacho de la jefatura del ente acusador. En dicho encuentro habrían estado presentes altos mandos de la institución, entre ellos el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, la fiscal delegada Aura Liliana Trujillo y la entonces directora de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, Alexandra Ladino.

En su relato, la exfiscal detalló cómo se desarrolló el intercambio en el que sostuvo la viabilidad técnica del cargo: “En el despacho de la señora fiscal general. Hay varios funcionarios. Estaba la señora delegada, la doctora Aura Liliana Trujillo; la señora fiscal general, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la directora de lavado de activos, en ese entonces la doctora Alexandra Ladino”. Según la exfuncionaria, en esa misma reunión la fiscal general le preguntó: “‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos?’. Y le dije: ‘Sí hay’”. Fue tras esa explicación cuando Camargo le habría hecho el planteamiento directo: “¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?”.

Laborde ahondó en los argumentos que se discutieron en la mesa respecto a las implicaciones punitivas que enfrentaría el procesado: “Estamos hablando de Nicolás Petro y me dice: ‘Pues déjele solo el enriquecimiento ilícito y póngale una pena muy larga; al fin y al cabo, la va a cumplir en una guarnición militar y ya’”.

Los argumentos técnicos sobre la existencia del lavado de activos

Ante los cuestionamientos sobre por qué se mantuvo firme en sostener la imputación por lavado de activos, la investigadora explicó la tesis jurídica que defendió ante la cúpula de la Fiscalía. Laborde argumentó que Petro Burgos percibió recursos económicos al margen de la ley, toda vez que su única fuente de ingresos legítimos provenía de sus honorarios como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico.

A partir de allí, expuso la modalidad empleada para la ocultación patrimonial: “Incurrió en negocios jurídicos como comprar casas, comprar vehículos para ponerlos a nombre de otros y así ocultar esos dineros y negar que hubieran ingresado a su patrimonio”. La investigadora complementó la conducta punible señalando que el procesado “le dio apariencia de legalidad a dineros adquiridos de forma ilícita. El verbo rector del lavado de activos es dar apariencia de legalidad, comprando casas y poniéndolas a nombre de otros”.

Dentro de las evidencias recopiladas en el expediente, Laborde especificó los bienes e intermediarios identificados en las transacciones: “Una casa la puso a nombre del tío de Daisuris, la otra todavía se encuentra a nombre del constructor y un Mercedes-Benz está a nombre de una amiga de Daisuris”.

Las denuncias sobre presiones e insuficiencia de recursos

Tras su negativa a modificar la calificación jurídica, Laborde vinculó el rumbo de sus condiciones de trabajo con represalias internas orquestadas desde la cúpula del ente investigador. La exfuncionaria reveló que fue reubicada operativamente en la ciudad de Barranquilla sin contar con el respaldo logístico necesario para la complejidad del caso: “Fui apartada de mi familia, me trasladaron a Barranquilla en condiciones adversas, porque laboralmente no tuve el apoyo que debía haber tenido de mis superiores. No tenía oficina, la compartía con otra fiscal”.

A la falta de espacio físico se sumó la ausencia de insumos básicos de trabajo: “No tenía asistente, no tenía ni siquiera una impresora”. Al sintetizar la situación planteada, la exinvestigadora sentenció: “Sí. Es una presión”.

Adicionalmente, sostuvo que este debilitamiento logístico afectó de manera directa el empalme con el funcionario que asumió el caso tras su salida: “Le entregué al nuevo fiscal un despacho sin asistente, sin investigadores; me parece que eso es lo más lesivo para ese proceso, y para cualquier fiscal, no tener investigadores”. Al ser interrogada sobre quiénes lideraban tales presiones, respondió: “Sí, la fiscal y sus subalternos”, precisando de inmediato: “La señora fiscal general”.

Finalmente, al referirse al desenlace de su postura frente a las órdenes recibidas, la exfiscal ratificó: “No hice caso”. Al preguntársele si consideraba que su negativa le había representado un castigo institucional, concluyó: “Sí, pues ya no era la persona indicada para llevar ese proceso, muy probablemente”.

La exservidora recordó además la magnitud del expediente que estuvo en sus manos, precisando que asumió el proceso matriz y varios radicados contra cerca de 18 personas, iniciado tras la etapa previa a cargo del fiscal Mario Burgos y del Grupo de Tareas Especiales, recopilando un acervo de aproximadamente 3.400.000 evidencias. Por último, reiteró que la motivación para romper el silencio tras su desvinculación de la entidad responde al deber de contarle la verdad al país: “He visto información que no corresponde con la realidad. Ya que salí de la Fiscalía, quiero decirle al país la verdad de lo que sucedió y de cómo voy a dejar el proceso contra Nicolás Petro y otras personas”.