Exviceministro de Defensa de Petro es judicializado por contrato de mantenimiento de helicópteros

La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, a quien señaló de presuntamente haber intervenido de manera irregular en el millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, un proceso que habría ocasionado un detrimento superior a los 13 millones de dólares.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, sostiene que el exfuncionario habría participado en el direccionamiento del proceso contractual, pese a que no tenía competencia funcional para hacerlo. El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares, tenía como objetivo el mantenimiento y suministro de repuestos para las aeronaves MI-17 del Ejército.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Fiscalía, Luis Edmundo Suárez Soto habría impulsado que la contratación se realizara mediante la modalidad de selección directa reservada, con el propósito de favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense que, según el ente investigador, no cumplía con los requisitos de experiencia técnica, capacidad jurídica ni respaldo financiero exigidos para ejecutar el contrato.

Las pesquisas indican, además, que el entonces viceministro habría participado en reuniones relacionadas con la estructuración del proceso para flexibilizar algunos requisitos, mantenido contacto directo con los contratistas y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil para agilizar un trámite considerado indispensable para la ejecución del contrato.

La Fiscalía también aseguró que el exfuncionario conocía los informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista. Pese a ello, presuntamente ordenó que un funcionario específico se encargara de realizar la evaluación financiera de la empresa seleccionada.

Otro de los aspectos investigados corresponde a la modificación de la forma de pago del contrato, la cual permitió autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor pactado. En ese contexto, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares al contratista, aunque para ese momento únicamente se habían ejecutado actividades valoradas en aproximadamente 2,6 millones de dólares.

Tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, las autoridades establecieron que aún permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares, recursos que hacen parte del presunto detrimento patrimonial investigado.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Edmundo Suárez Soto los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

Durante las audiencias preliminares, el exviceministro no aceptó los cargos formulados por el ente acusador, mientras el proceso judicial continúa su curso para determinar su eventual responsabilidad en los hechos investigados.