Fiscalía imputó tres delitos a Laura Sarabia por el caso de la niñera Marelbys Meza

El juicio contra Laura Sarabia por el uso indebido de las instalaciones del Dapre y el sometimiento a polígrafo de su exniñera avanza con la imputación de tres cargos penales y el reconocimiento formal de víctimas

A las 9:30 a. m. de este lunes 14 de septiembre de 2026 dio inicio la audiencia pública de formulación de imputación de cargos en contra de Laura Sarabia, quien se desempeñó como jefa de despacho, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y canciller durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. La diligencia judicial se centró en las actuaciones ordenadas e impulsadas por la exfuncionaria tras el hurto de una suma de dinero en su residencia particular, hecho que desencadenó el traslado de su empleada doméstica, Marelbys Meza, a las instalaciones gubernamentales del edificio Galán para someterla a pruebas de poligrafía.

La delegada de la Fiscalía General de la Nación, fiscal Patricia Hernández, formalizó la imputación atribuyendo a Sarabia la presunta comisión de tres delitos: abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso. Al sustentar el delito de abuso de función pública, el ente investigador sostuvo que Sarabia se extralimitó en las competencias de su cargo al instruir al coronel Carlos Feria para que coordinara el examen poligráfico a una particular. La Fiscalía enfatizó que los protocolos de medición de estrés de voz e idoneidad son herramientas estrictamente institucionales creadas para evaluar la credibilidad del personal que custodia la seguridad del presidente de la República, por lo que no podían extenderse a labores ni investigaciones de índole personal.

En relación con la conducta de constreñimiento ilegal, la fiscal del caso argumentó que la exjefa de gabinete se valió de una posición de superioridad y poder dual —surgida tanto de su condición de alta funcionaria del Gobierno como de su rol de empleadora— para presionar a Meza. La investigación determinó que la trabajadora se encontraba en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica, al ser dicho empleo su única fuente de ingresos. De acuerdo con el expediente, Sarabia sostuvo una reunión a solas con Meza en la que la confrontó e interrogó de manera directa; en ese espacio, la trabajadora reafirmó su inocencia, expresándole el temor que le causaba el poder institucional de su jefa y la zozobra ante un eventual despido o detención judicial.

Adicionalmente, el ente acusador le imputó el delito de peculado por uso al establecer que el 30 de enero de 2023 se emplearon bienes, medios y personal de seguridad del Estado para trasladar a Meza y ejecutar un procedimiento privado que no guardaba relación con las funciones legales de la administración pública. Frente a estos señalamientos, el abogado defensor de Sarabia, el exfiscal general de la Nación Mario Iguarán Arana, expresó su sorpresa en el estrado por la inclusión del cargo de peculado por uso. Iguarán cuestionó la objetividad del ente acusador y sugirió que la adición de dicho delito responde a un intento por "inflar" la imputación tras no haber accedido a una negociación de preacuerdo o aceptación de cargos.

Durante la misma jornada, el juzgado de control de garantías resolvió diversas solicitudes de acreditación de víctimas. El abogado Andrés Tapias Torres solicitó el reconocimiento del Dapre —en representación de la Presidencia bajo el actual mandato de Abelardo de la Espriella— argumentando el afectamiento a la institución, petición que fue avalada por la jueza. De igual manera, se aprobó la solicitud de la abogada Ana María Mora Higuera para reconocer formalmente como víctima a Marelbys Meza. Por el contrario, la jueza rechazó las pretensiones de acreditación presentadas en favor de Fabiola Perea —antigua empleada de Sarabia que denunció seguimientos e interceptaciones— y de Marbel Alcira Morales Quevedo, fiscal 101 de la Unidad de Hurtos que investigaba la pérdida de la maleta con recursos, quien alegó haber sido inducida al error para la práctica de la prueba.