Gabriela Muñoz, inmersa en polémica por contratos en la Aerocivil, llega a una UTL del Pacto Histórico

Una controversia política y disciplinaria rodea la vinculación laboral de la creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya, estudiante de Derecho de 19 años sin título profesional, tras confirmarse su nombramiento como Asistente III en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié. El cargo implica un costo mensual para el Estado colombiano de $11.700.000 entre sueldo y prestaciones sociales.

De acuerdo con el marco normativo vigente, un Asistente III percibe una remuneración equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijados para el año 2026 en $8.754.525, lo que representa cerca de $105.000.000 anuales únicamente por concepto de salario. Al computar primas, vacaciones, cesantías e intereses, la erogación anual asciende a $127.900.000, alcanzando los $140.500.000 con los aportes pensionales asumidos por el Congreso de la República.

El caso cobra especial relevancia pública al coincidir con la apertura de una indagación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por un presunto tráfico de influencias atribuido a Muñoz Olaya. Pese a desempeñarse allí en el cargo de Auxiliar 1 de nivel asistencial, la influenciadora habría intervenido de manera irregular en decisiones administrativas, contrataciones de alto nivel y nombramientos de allegados.

La actuación disciplinaria se originó tras las denuncias públicas de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien señaló en entrevista con Noticias RCN: «No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi». Frente a estas acusaciones, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa busca determinar si la funcionaria asistencial usó su posición para influir en determinaciones ajenas a sus competencias y favorecer a familiares dentro de la institución.

En respuesta a las denuncias, Muñoz Olaya emitió un comunicado oficial en el que rechazó las imputaciones, asegurando que jamás gestionó o presionó la entrada de personas de su entorno: «Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación», aseveró la creadora de contenido.

Dentro del decreto de pruebas, el Ministerio Público otorgó a la Aerocivil un plazo de 10 días hábiles para certificar los nombres, documentos e información de contacto de quienes se hayan desempeñado en propiedad, encargo o comisión como Secretarios Generales y Coordinadores del Área Administrativa desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha, requerimiento extendido de forma particular sobre la ciudadana Narda Duperly Roa Ibarra. Adicionalmente, el organismo de control solicitó al Ministerio de Transporte copia del requerimiento expedido por la ministra María Fernanda Rojas referente a la gestión de contratación de servicios de la Aerocivil, buscando esclarecer la entrega incompleta de información contractual y el posible trámite de actuaciones administrativas durante jornadas no laborables.