País - Agosto 24 de 2026 - 04:36 PM

Gobierno confirmó que empezó el plan de reconstrucción en Buenaventura con más de 100 casas

El Gobierno confirmó un plan de reconstrucción en Buenaventura con 101 viviendas privadas, 270 toneladas de materiales y maquinaria pesada tras el terremoto de 7,4. Las víctimas del sismo recibirán $1.050.000 mensuales desde el 26 de agosto bajo la gerencia regional de Juan Manuel Muñoz.

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Desde el puerto marítimo de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, oficializó el plan de choque habitacional e infraestructura para atender los devastadores efectos dejados por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a la costa pacífica durante la jornada del pasado 10 de agosto. Durante su recorrido e intervención en el territorio afectado, el mandatario confirmó la consecución de 101 soluciones de vivienda mediante aportes directos del sector empresarial, destacando la entrega de 50 casas por parte de la empresa Eternit y 51 más asignadas por la firma Corporacero. En el marco de este compromiso corporativo, se precisó además que el empresario Arturo Calle asumió la financiación directa de cinco de los inmuebles gestionados con Eternit, desembolsando una suma de $53 millones de pesos por cada unidad residencial.

La consolidación del paquete de casas donadas por la empresa Eternit estuvo marcada por una negociación pública liderada por el propio presidente De la Espriella durante su discurso ante líderes gremiales y comunitarios. Inicialmente, la compañía había presupuestado un contingente de 30 estructuras modulares tipo; sin embargo, en medio de su alocución, el jefe de Estado instó abiertamente a las directivas de la firma a elevar el monto de la contribución solicitando un esfuerzo adicional de entre 10 y 15 unidades más para dejar la cifra en un número redondo, petición que fue aceptada en el mismo escenario y que permitió extender la cifra final a 50 inmuebles. El gobernante anunció que la entrega formal de la primera vivienda modelo se realizaría a los pocos minutos de concluir el acto oficial como muestra de la ejecución inmediata del proyecto.

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El balance consolidado ofrecido por el mandatario sobre el impacto de la emergencia natural en la región registra un saldo trágico de 11 personas fallecidas y un total de 476 lesionados. Para hacer frente al desamparo de las familias que perdieron sus hogares, el Gobierno Nacional estructuró un auxilio económico directo de $1.050.000 pesos mensuales por hogar damnificado, subsidio que comenzará a desembolsarse desde el 26 de agosto y que se mantendrá durante un periodo continuo de tres meses con el propósito de aliviar la crisis de habitabilidad mientras avanza el proceso de edificación.

A las medidas de subsistencia e infraestructura residencial se suma la movilización masiva de logística pesada para la remoción de escombros y habilitación del terreno. El Ejecutivo confirmó el despacho de maquinaria amarilla hacia las áreas neurálgicas del desastre, complementado con el envío de 270 toneladas de insumos de construcción destinados a acelerar la fase inicial de las obras. Asimismo, el presidente confirmó la designación oficial de Juan Manuel Muñoz como nuevo gerente para la reconstrucción del Valle del Cauca. Muñoz, quien había sido nombrado previamente como embajador de Colombia en Brasil y ya contaba con el beneplácito formal del gobierno del país sudamericano, optó por renunciar a la misión diplomática para asumir la coordinación ejecutiva de la reconstrucción en el suroccidente tras su paso previo por el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó.











Publicado por Redaccion judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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